La atención en salud es una de las prioridades por las cuales debe preocuparse el gobierno, bien sea este del orden nacional o local. De igual manera es uno de los renglones de la vida nacional que más problemas confronta, lo cual no es asunto nuevo, sino de antaño. 

Antes de la Ley 100 de 1991 la cobertura de los asalariados corría por cuenta del ISS, el cual fue politizado en su manejo y tuvo entierro de tercera porque lo utilizaron como fortín político, lo saquearon y lo aniquilaron. Los pobres y los no asalariados tenían a los hospitales de caridad y los puestos de salud. Surgió entones la nueva ley que ha tenido como gran acierto aumentar la cobertura de los servicios de salud, con dos grandes inconvenientes o puntos negros en su ejecución. El POS ha limitado la atención y obligado a los enfermos a interponer tutelas para lograr que sean atendidos o se les suministre un tratamiento y los dineros fueron confiados a la red de Promotoras en el régimen contributivo y Administradoras en el subsidiado, ambas de origen privado.

Hoy, 25 años después de haber iniciado la aplicación de esta Ley, hay problemas serios que ponen en riesgo la prestación de un buen servicio, de calidad y con la oportunidad que se requiere. Las EPS más importantes y con mayor número de usuarios cerraron sus puertas porque quebraron y desaparecen o cambian de razón social como el caso de SaludCoop. Con esto los prestadores de servicios se ven enfrentados a la situación de insolvencia porque las cuentas que les adeudan quedan sin ser saldadas u obtienen un pago parcial. Entonces, los usuarios se ven afectados porque las IPS suspenden los servicios, cancelan los contratos y los procedimientos o tratamientos pendientes seguirán en ese estado por tiempo indefinido. 

Si hay tantos problemas hoy con la administración de los recursos de la salud que aportan empleados y empleadores para su propio provecho y beneficiar a los del régimen subsidiado que carecen de capital que les garantice la atención en salud; suena lógico que a estas alturas haya una reforma, tal como ocurre con mucha frecuencia con las reformas tributarias que añaden impuestos. 

La estructura parece razonablemente buena, pero los despilfarros y la falta de traslados oportunos desde el Fosyga a las EPS terminan ahogándolas y se vuelven improductivas, y las aboca a su cierre, lo cual tiene un efecto funesto en el sistema porque el usuario, el paciente, se ve afectado y es quien paga los platos rotos. 

No basta con la cobertura casi completa, no es suficiente contar con un carné que le otorga la posibilidad de ser atendido, sino que efectivamente eso ocurra en el tiempo previsto y con la calidad requerida. La salud ha sido históricamente y sigue siendo la cenicienta de la administración pública y no se debe olvidar que se trata de un servicio esencial y un derecho por el que deben velar los gobernantes y su obligación es la de aportar los recursos que se necesiten en todos los niveles de atención.