Los usuarios de Facebook e Instagram en Canadá no podrán ver noticias de medios de comunicación, según anunció el jueves la empresa matriz Meta, luego de que Ottawa aprobara un proyecto de ley que obliga a los gigantes digitales a pagar por esos contenidos.
Google, otro de los afectados, dijo previamente que está considerando aplicar la misma medida.
Los dos gigantes de Silicon Valley se han opuesto al proyecto de ley canadiense, cuyo objetivo es apoyar al sector periodístico local, que en la última década ha visto como se cerraban cientos de publicaciones.
"¡Noticias emocionantes! (No es un juego de palabras)", tuiteó el Ministro de Patrimonio, Pablo Rodríguez, después de que el proyecto superara el Senado, último paso antes de convertirse en ley.
Rodríguez afirmó que la decisión de Meta de bloquear contenidos informativos era lamentable, pero prometió "defender a los canadienses frente a los gigantes tecnológicos". Su oficina dijo que se reunieron con Facebook y Google esta semana y esperaban más encuentros para tratar la nueva ley.
El mes pasado, el primer ministro, Justin Trudeau, arremetió contra Meta por bloquear, a modo de prueba, los contenidos informativos de algunos usuarios canadienses, afirmando que la empresa estaba siendo "profundamente irresponsable" por negarse a pagar a los periodistas por su trabajo.
La oposición al proyecto de ley, dijo, era "errónea (y) peligrosa para nuestra democracia, para nuestra economía".
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En febrero, Google también limitó temporalmente el acceso a las noticias a los usuarios canadienses de su popular motor de búsqueda.
El proyecto de ley prevé exigir a los gigantes digitales que lleguen a acuerdos comerciales con los medios canadienses por las noticias y la información que se comparte en sus plataformas, o que se enfrenten a un arbitraje vinculante.
Australia también había acusado a las dos empresas, que dominan la publicidad en línea, de quedarse con dinero de los medios de comunicación al utilizar sus contenidos de forma gratuita. En un principio, las grandes empresas tecnológicas se opusieron ferozmente a la legislación australiana, por temor a que amenazara sus modelos de negocio, pero los legisladores la aprobaron fácilmente con algunas enmiendas.
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