La espiral de violencia que viene creciendo en Colombia en los últimos meses tiene en su trinchera a la Policía: 47 uniformados han sido asesinados hasta el 9 de octubre de este año por balas que vienen de grupos como el Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de las Farc y la delincuencia común, quienes atacan por mantener el control de territorios y rutas que son claves para el narcotráfico y las rentas ilegales.

El riesgo de exposición de su integridad física es algo con lo que sortean a diario los policías, pero los atentados en su contra vienen en aumento en los últimos dos años: en el periodo comprendido entre enero y agosto mataron a 35 policías en 2019, a 19 en el 2020 y a 44 en 2021, según un informe del Ministerio de Defensa.

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Los tres asesinatos recientes (entre septiembre y octubre) fueron el del subteniente Juan Pablo Vallejo, en Bogotá, y el de los patrulleros Wilmar Alfonso Guzmán y José Alejandro Goyes, en Santander de Quilichao.

Juan Pablo, de 25 años y hermano del congresista Gabriel Vallejo, terminó con un tiro en su cabeza en medio de una balacera registrada durante un procedimiento judicial por hurto y homicidio en un predio cercano al Parque Nacional, hacia los cerros de Monserrate.

Mientras que los patrulleros Guzmán y Goyes cayeron en una “emboscada terrorista” –como la denominó el presidente Iván Duque–, cuando fueron asesinados por disidentes de la columna móvil Dagoberto Ramos de las Farc, en la vía entre Santander de Quilichao y La Agustina, departamento del Cauca.

De los 47 policías asesinados, 40 eran patrulleros –primer grado del nivel ejecutivo de la Policía y considerados personal de base–. Los otros siete eran tres subintendentes, un subteniente, un intendente, un capitán y un mayor. Solo dos de las víctimas eran mujeres. Sin embargo, otros seis policías han sido asesinados en lo corrido del año mientras estaban por fuera de su servicio. Todos ellos eran patrulleros.

A estas afrentas contra la institucionalidad, Duque ha respondido asegurando que ningún caso quedará impune: “Perseguiremos y judicializaremos a los responsables”. Pero los crímenes aumentan la percepción de inseguridad en el país y el reforzamiento de los grupos ilegales que amenazan directamente a las autoridades. Están en guerra.

Conozca: 

¿Defensa desigual?

Las condiciones de seguridad que cambiarían con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 dieron origen a la aparición y reorganización de grupos ilegales que entraron a disputarse el territorio. El analista Juan David Escobar, del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit, señala que la Policía está lidiando con más actores ilegales y cuentan con menos herramientas para mejorar su funcionamiento.

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registra el accionar de 22 estructuras narcoparamilitares y grupos delincuenciales con 5.360 personas; 34 estructuras disidentes de las Farc, con 5.200 integrantes; y 2.450 guerrilleros del Eln en todo el país, incluyendo zonas en las que hace presencia tanto por la Policía como las Fuerzas Militares.

“Los policías tienen que atender muchos fenómenos, pero a veces ignoran la magnitud de los hechos y se enteran cuando llegan al sitio. El país necesita una fuerza policiva más grande, no pueden enviar a dos patrulleros a atender un caso en zonas difíciles, deberían ser más, con apoyo logístico e inteligencia. Así son un blanco facilísimo”, señala el analista Escobar.

Su comentario retrata lo ocurrido en Santander de Quilichao. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, indicó que los patrulleros fueron sorprendidos por 25 disidentes de las Farc cuando supuestamente atendían el llamado para recuperar una moto robada.

Esto sería evidencia de una “guerra desigual”, en la que pocos policías cuidan extensas zonas donde operan varios grupos criminales. “Seguimos siendo un país en guerra y los problemas de seguridad no se han resuelto”, agregó.

La incapacidad de la Policía de copar amplios territorios, especialmente en zonas en jaque por el conflicto, es una de las variables de su vulnerabilidad. Un informe de la Policía, evidencia que Antioquia es el departamento en el que más policías han asesinado en lo que va del año, con nueve víctimas en hechos ocurridos en los municipios de Anorí, Caucasia, Liborina, Cáceres, Santa Fe de Antioquia, Turbo, Frontino y Medellín. Le siguen los departamentos de Norte de Santander (4), Cauca (4 ), Caquetá (4) y Nariño (4), regiones marcadas por la violencia y la presencia de grupos ilegales.

¿Quién los está matando? Según el general Vargas, 14 de los homicidios están atribuidos al Clan del Golfo, estructura criminal que ha declarado un ‘plan pistola’ contra la institución desde febrero de este año y que explicaría los crímenes en Antioquia, Chocó y departamentos de la Costa, donde ofrecen hasta un millón de pesos por cada uniformado muerto. Otros 15 policías han sido asesinados en situaciones que involucran a delincuencia común, riñas, ataques a puestos de control y eventos de orden público.

Entérese: 

Doce homicidios son atribuidos a las disidencias de las Farc, cuatro al Eln y uno más a Los Pelusos. Por eso, el estratega y analista en seguridad, César Andrés Restrepo, dijo que es clave reactivar el debate sobre el reforzamiento de las filas de la Policía.

“No discutir el aumento en el pie de fuerza pone en riesgo a los ciudadanos y a la Fuerza Pública. No es viable un servicio que no cuente con las capacidades para prestarlo, hay que convencer al delincuente que su capacidad nunca supera a la de las autoridades”, dijo.

Otra variable estaría sustentada en el poco respaldo que los gobiernos de turno le han dado a los organismos de seguridad, y que tomaron fuerza en discursos políticos durante el paro nacional de abril, cuando la institución era presentada como el enemigo.

De acuerdo con César Restrepo, “la seguridad como moneda de transacción política puso en el centro de la discusión a la Policía y los organismos de seguridad. Hay una brecha entre ciudadanos y policías que construyen un ambiente de desconfianza, instalaron el imaginario de que la policía es una amenaza para el ciudadano, lo que los hace más vulnerables”.

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