En concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación aseguró que las asambleas pueden ejercer control político sobre los contralores departamentales por medio de citaciones.

Según la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, con esta acción se persigue una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional que estimula el debate democrático y la vigilancia de las autoridades locales por intermedio de las corporaciones de representación plural.

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Cabello Blanco resaltó que las citaciones “constituyen un mecanismo de control político adecuado para cumplir dicha finalidad, toda vez que se trata de un instrumento bidireccional, por medio del cual el funcionario emplazado debe rendir cuentas públicas sobre sus funciones ante los representantes de la entidad territorial, los cuales tienen la prerrogativa de interpelarlo y recibir respuesta inmediata a los cuestionamientos”.

La funcionaria explicó que no existe otro método igual o más efectivo para realizar un control político bidireccional que afecte en menor medida la autonomía de las contralorías departamentales, razón por la cual ese control político establecido por el Congreso de la República constituye un ejercicio razonable de la potestad normativa del legislador, para desarrollar las funciones de las asambleas departamentales. 

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