“Se hizo un seguimiento a los compromisos que se habían adquirido desde el 24 de junio, que venían desarrollándose en estos meses y que tienen que ver con la situación de seguridad, la represión a las organizaciones armadas ilegales, el control, la persecución que se tiene y la disposición del presidente de la República para afectar las economías ilegales”, dijo el ministro Velásquez al término del consejo.
Con relación a las acciones acordadas, Velásquez afirmó que “se plantearon otras necesidades, como la efectividad que debe tenerse para expedir órdenes de captura, un plan que igualmente se había presentado desde este territorio”.
Asimismo, el funcionario aseguró que “se van a incrementar las recompensas. Con esto se desarrolla un plan de mayor eficacia para lograr esas capturas”.
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Entre otras problemáticas, en la mesa se expuso la necesidad de atender fenómenos como la siembra indiscriminada de minas antipersona en rutas y caminos veredales, reclutamiento ilícitos de menores, aumento en la siembra de cultivos de uso ilícito y disputa de territorios por parte del Eln y disidencias de las Farc.
Para atender estos reclamos, Velásquez recalcó que se necesita fortalecer la coordinación entre autoridades civiles y uniformadas, así como la interacción de los alcaldes con los diferentes estamentos de las Fuerzas Militares. Además, afirmó que hay que definir “acciones concretas” para que las comunidades desplazadas o confinadas regresen a sus territorios tranquilamente.
Finalmente, el ministro Velásquez invitó a los representantes de gremios a fortalecer la articulación con las autoridades para incentivar economías legales y productivas, con el fin de que se pueda avanzar en el tránsito desde las ilícitas.
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