Gobierno, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la ONU, el ICBF y las fuerzas militares se unieron en torno a los hechos ocurridos en la población de Bocas del Manso, en Tierralta (Córdoba), donde soldados fingiendo ser disidentes de las Farc intimidaron a los pobladores de esa vereda.
El Gobierno anunció que enviará a Bocas del Manso a sus ministros de Interior y Defensa, Fiscalía encargó de la investigación a un equipo de fiscales de derechos humanos, la Procuraduría asumió investigación disciplinaria, la Defensoría dijo estar atenta a nuevas denuncias sobre el caso, mientras que las tropas garantizaron su presencia en la zona.
Durante el gobierno de Gustavo Petro han sido muy pocas las ocasiones en las que todos estos actores han coincidido o han sido impulsados por una misma causa. No era para menos. Lo ocurrido en esa población rural provocó hoy el rechazo generalizado del país.
Hombres armados arribaron el pasado 11 de septiembre a esa vereda y hostigaron a sus pobladores. Lo hicieron argumentando que eran disidentes de las Farc, vestidos con uniformes camuflados, con sus rostros cubiertos y portando armas de guerra.
El piquete de militares estaría integrado por un teniente, dos suboficiales y al menos siete soldados, quienes no solo lanzaron amenazas. Según testimonios de la comunidad, hubo robos, actos de tortura e incluso un abuso sexual a una mujer indígena, como denunció la Defensoría del Pueblo, que, junto a la Personería Municipal, recibió testimonios de las violaciones a los derechos humanos.
“Esa es una conducta que llevan a cabo los criminales”, sentenció el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien aseguró que el hecho no quedará en la impunidad y prometió que se aplicarán sanciones en “todos los niveles”, desde las personas que estuvieron en el territorio hasta sus superiores jerárquicos.
Lo sucedido, que quedó a la vista de todos luego que circularan videos en redes sociales, obligó hoy a la convocatoria de un consejo de seguridad en Córdoba en el que se anunciaron acciones para contrarrestar lo ocurrido y para aplicar sanciones, razón por la que todas las instituciones asumieron un rol específico.
Las Fuerzas Militares han llevado hasta ahora su investigación con algo de hermetismo. Más allá del comunicado de la madrugada no ha habido otro pronunciamiento oficial.
La lupa sobre lo sucedido en Tierralta no solo la tienen las autoridades estatales, sino organizaciones internacionales. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país anunció que hará presencia en el terreno.
"Condenamos presuntas violaciones de #DDHH de integrantes del Ejército en contra de población de Tierra Alta #Córdoba", publicó la oficina de la ONU en su cuenta de X. "Tomamos nota del comunicado del Ejército y acciones de instituciones del Estado para investigar lo ocurrido. Urgimos por protección y respeto a la población", añadió el mensaje.
Human Rights Watch, por su parte, destacó que existe voluntad de investigar por parte del ministro Iván Velásquez. No obstante, "aún está pendiente una reforma seria, que asegure la efectividad y la legitimidad del sector seguridad", apuntó la directora para las Américas, Juanita Goebertus.
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo pidió "suspensión inmediata" de los responsables del hecho, "tanto con las personas o funcionarios que estuvieron en el terreno como con sus superiores que hayan dado la orden o consentido estas agresiones", como reclamó su vocero, Reinaldo Villalba.
La Defensoría del Pueblo llevará a cabo una visita a la zona como parte de los compromisos asumidos en el consejo de seguridad de hoy. Actualmente, se está coordinando todo logísticamente para hacer presencia desde mañana hasta el próximo domingo, 17 de septiembre.
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