El canciller Álvaro Leyva tuvo que escoger entre dos males: adjudicar un contrato en una licitación que estaba bajo el ojo del huracán por presuntos favorecimientos a una multinacional, o declararla desierta y arriesgar al país a un inédito desabastecimiento de visas y pasaportes.

Finalmente, Leyva se decidió por la segunda opción y dejó el proceso libre de señalamientos, pero con una gran posibilidad de que Colombia enfrente varias semanas sin poder imprimir ni entregar esos documentos oficiales.

En efecto, el actual contrato para la impresión, personalización y distribución de pasaportes está a cargo de Thomas Greg & Sons y vence el próximo 2 de octubre.

Sin embargo, y como represalia por no recibir el jugoso contrato de nuevo siendo la única oferente en la frustrada licitación, la multinacional anunció que no solo no seguiría imprimiendo pasaportes a partir de esa fecha, sino que demandará a la Nación por alrededor de $100.000 millones por no adjudicarles el contrato pese a que “llegaron a la etapa final y cumpliendo todos los requisitos”.

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Si ese panorama se cumple, la Cancillería se enfrentaría a un grave problema básicamente porque ese negocio de visas y pasaportes lo ha dominado durante los últimos 17 años Thomas Greg y no hay ninguna otra empresa en el país con la capacidad técnica y administrativa de asumir esa responsabilidad en tan poco tiempo.

Así lo reconocieron por lo menos dos de las antiguas oferentes de ese contrato que, por supuesto, tienen mucho conocimiento en el tema. “Te digo que no hay ninguna posibilidad de que una empresa nacional retome el servicio en tampoco tiempo. Es técnicamente inviable”, dijo una fuente de una compañía extranjera que pidió no ser citada.

Y es que, según datos obtenidos por EL COLOMBIANO, Thomas Greg & Sons imprime actualmente entre 170.000 y 180.000 libretas de pasaporte al mes, una cantidad muy alta que exige de una serie de máquinas especializadas difíciles de conseguir en Latinoamérica.

Pese a eso, este diario también conoció que el canciller tiene varias salidas entre las que se incluye la posible colaboración de otros países para evitar el desabastecimiento de esos importantes documentos oficiales.

“Le vamos a ofrecer al canciller toda la capacidad técnica instalada en otro país para imprimir los pasaportes allá y enviarlos en vuelos comerciales acá el tiempo que sea necesario. Es más, podemos ofrecer traer una máquina de respaldo mientras solucionamos la contingencia”, le dijo una de las multinacionales que compitió en el proceso a este diario.

Pero, ¿cuál es el dichoso contrato y por qué está metido en tantos problemas?

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Un contrato de medio billón

Se trata de una licitación por casi medio billón de pesos ($599.000 millones) para suministrar, formalizar y prestar el servicio de “personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, todo eso durante los tres años que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Pese a que la licitación inició su curso normal, en el camino se fueron retirando todas las demás oferentes alegando que la actual contratista, Thomas Greg, tenía múltiples favorecimientos que dejaban a los demás competidores en desventaja.

Tanto fue el escándalo, que multinacionales de otros países amenazaron a la Cancillería con demandarlos por incumplir los tratados de libre comercio y no ofrecer igualdad de condiciones para empresas colombianas y extranjeras.

Tras una larga batalla de esos otros oferentes que tuvieron que irse retirando, al final de la licitación solo quedó la única empresa que lograba cumplir con todos los requisitos técnicos que exigía el proceso: Thomas. Un hecho que, según dio a entender el canciller Leyva, demostraría que había presuntos favorecimientos que le impidieron llegar a las demás empresas hasta el último punto.

Y es que Thomas no se enfrentaba a cualquier oponente, por ese millonario contrato competían gigantes como Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos oficiales para Francia, Perú y varias naciones más; y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes a varios países de Europa y América Latina.

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Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió declarar desierto el proceso –que en términos prácticos significa iniciar de nuevo toda la licitación– y decretó una “Urgencia Manifiesta” que le permite contratar directamente a una compañía por un período de 12 meses.

Ese tiempo es clave porque, tal como argumentó el mismo Ministerio, se requieren de unos cinco meses para realizar de nuevo todo el proceso de contratación y de alrededor de 7 meses más para que la compañía que se gane la licitación tenga tiempo de prepararse para asumir la impresión de visas y sellos de pasaportes de todo el país, tal como lo hacía Thomas.

Lo que está en juego

Ahora bien, con la eventual salida de Thomas del camino no solo estaría en riesgo el abastecimiento de los documentos, sino que otros servicios podrían verse afectados.

En casi todo el país las oficinas oficiales –que es donde los ciudadanos hacen los trámites, se toman las fotos y reclaman sus pasaportes, etc– funcionan bajo la dirección de las gobernaciones. Sin embargo, en Bogotá ocurre de una manera distinta y quien maneja dichos centros es el contratista.

Bajo ese contexto, es probable que Bogotá también se vea especialmente afectada por un par de semanas mientras la Cancillería decide qué hará para evitar un caos administrativo.

Las opciones que tiene

La buena noticia, para la Cancillería y para el país, es que el Gobierno no tiene todos los puntos en contra.

En una especie de rendición de cuentas, Thomas admitió que tiene más o menos 13.000 libretas de pasaportes en blanco que, además, son propiedad del Estado. Eso significa que si esa empresa decide retirarse del ruedo, la nueva compañía que llegue tendría un margen de maniobra de dos meses con esa cantidad de libretas para personalizar y entregar.

Sumado a eso, los demás oferentes ya empezaron a ofrecer toda su ayuda para evitar un eventual colapso mientras se adjudica el contrato oficial.

“No podemos dejar que la Cancillería se quede sola. Nos declaramos unos servidores para hacer lo que se tenga que hacer. Cadena y la Casa de Moneda de Portugal está en entera disposición de colaborar”, aseguró un vocero de esa empresa paisa en diálogo con este diario.

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