El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que existe un riesgo de racionamiento “y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía” para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”.

Esta situación se debería al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía por parte del Ministerio de Minas; a los ingresos no recaudados por la Opción Tarifaria, y al incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista.

Rodríguez precisó que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha, dijo, se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad.

El funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico”.

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Entre ellas, indicó, deben considerarse las medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.

A juicio del ente de control, esta situación se está dando por la falta de reembolsos, por parte del Gobierno Nacional, de los recursos no recaudados por concepto de la Opción Tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia.

Otro factor sería el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, dijo Rodríguez.

Agregó que lo anterior configura “un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio”, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión de la energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos. “Es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”, apuntó.

La Contraloría, a través de la delegada para el sector Minas y Energía, ha recalcado en diferentes ocasiones sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética.

Para el organismos persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental.

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“La no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios, por parte de las entidades públicas, es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que advierten sobre la gravedad de tal conducta; además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública”, indicó el ente de control.

Añadió que se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

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