La Contraloría General de la República ordenó abrir dos procesos de responsabilidad fiscal contra "algunos coordinadores y funcionarios" del Fondo para la Reparación de Víctimas, quienes causaron dos daños patrimoniales al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con lo que el ente de control informó este miércoles, las personas investigadas hacen parte del Grupo Administrador del Fondo, y presuntamente ocasionaron daños patrimoniales, uno por $15.2 mil millones de pesos y otro por $872,4 millones.

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"Estas aperturas de proceso se generan por las presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de los bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz", afirmó la Contraloría.

A través de esos bienes, explicó el órgano de control fiscal, se generan los dineros para el pago de las reparaciones integrales previamente reconocidas a las víctimas del conflicto armado mediante sentencias judiciales. Esa plata se estuvo desviando.

El Fondo es administrado por la Unidad para las Víctimas. El mal manejo de doce inmuebles fue el que causó la apertura de los procesos, pues la Contraloría encontró que no se cobraban cánones de arriendo y se permitía su deterioro hasta llevarlos a la ruina.

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Además, se reprocha la venta de bienes por debajo de los precios del mercado, algo que habría ocurrido por "una indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso del tiempo sin ningún sistema de administración".

Tras el inicio del proceso, los funcionarios investigados podrán defenderse y la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, de la Contraloría, definirá si hay lugar para determinar su responsabilidad e imponer las sanciones pertinentes.

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