El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó un explosivo balance de lo que fue el que consideró saqueo a la ciudad durante la administración de Daniel Quintero.
Tal y como lo había prometido, Gutiérrez hizo una auditoría forense de lo que encontró una vez retornó a La Alpujarra, y tras dos meses de pesquisas presentó en la mañana de este lunes los primeros resultados.
“Eso es lo que va hasta ahora, no están todas las actividades ni la revisión de todo el gobierno, esto es lo que hemos encontrado en dos meses a la par que gobernamos”, dijo.
En total, la alcaldía de Gutiérrez encontró 501 hallazgos de irregularidades de todo tipo, desde líos de contratos, presuntos peculados, nombramientos sin el lleno de requisitos, en general, lo que el alcalde Federico denominó “un carrusel de contratación”.
Si bien de algunos de los casos ya se conocían detalles, lo importante de lo que está haciendo hoy la Alcaldía de Gutiérrez es que cada uno de esos hallazgos anunciados se convierte automáticamente en una denuncia que se presenta ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría para que den comienzo a investigaciones contra el equipo del exalcalde Daniel Quintero.
Otro detalle importante es que dentro de las investigaciones que surjan, el Distrito se constituye como víctima.
“Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros”, relató el alcalde Gutiérrez.
En este primer barrido no se incluyen los hallazgos de Empresas Públicas de Medellín, y filiales suyas como Afinia y Empresas Varias, entre otras, según detalló el mandatario local.
De los más de 500 hallazgos, el mandatario hizo énfasis en nueve de ellos.
El Primero, al que denominó “Computadores sin futuro”, hace referencia al programa estrella de Daniel Quintero, un contrato por el cual la Alcaldía compró 150.000 computadores para entregarlos a los estudiantes de últimos años de los colegios públicos de la ciudad. Sin embargo, descubrieron varias irregularidades. Una de ellas que luego de que adjudicaron la licitación, cambiaron las condiciones del contrato.
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Esto configuraría un delito ya que no es permitido por la Ley 80 de contratación, pues significa que las reglas de juego no son transparentes y limpias para los que estaban en competencia. No se descarta, incluso, que los competidores en esa licitación puedan demandar. La otra anomalía es que el contrato comenzó costando $89.000 millones y le hicieron adiciones de más de $38.000 millones. Es decir, un sobrecosto del 43%.
El segundo es el caso de la Clínica de la 80, centro médico que –pese a las inversiones que la Alcaldía le hizo en panedmia y su intención de adquirirla para ampliar la capacidad médica en la ciudad, terminó en manos de privados por cuenta del desorden de la administración Quintero.
Según Gutiérrez, no se podía suscribir convenio con Saludcoop, porque Saludcoop estaba sancionada, lo que implicaba una inhabilidad. Por ello se hizo un comodato y la Alcaldía de Quintero en medio de la pandemia invirtió en ella $24.000 millones. Luego, cuando se terminó el comodato, la Alcaldía vendió por $12.000 millones las adecuaciones hechas, es decir, por la mitad de la inversión. El quid del asunto es que esa operación no se podía hacer sin una valoración. En este caso, en principio puede haber un detrimento patrimonial, pero se tendría que investigar si por debajo se trató de un negocio en el que alguien se ganó una plata indebidamente.
El tercer caso se denominó La funeraria y Buen Comienzo. Según explicó Gutiérrez La alcaldía de Quintero compró una funeraria por $5.182 millones en el barrio Juan del Corral. en la notaria pública de la venta se indicó que “Será destinada al proyecto de infraestructura educativa Jardín Infantil Buen Comienzo”. Pero el detalle es que por las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial POT en ese punto de la ciudad no puede funcionar allí un Buen Comienzo. Además, de seguir en el embeleco que dejó Quintero, la Alcaldía necesitaría más de $7.000 millones para adecuar el espacio.
El Cuarto incidente hace referencia al turbio negocio del lote Aguas Vivas. La pregunta de este caso que se hace la administración de Guitérrez es ¿cómo un lote entra al banco de tierras del municipio avaluado en $2.700 millones, pasa a los $48.000 millones luego de que Carlos Mario Montoya como secretario de gestión territorial pide un avalúo?
El asunto es por lo menos peculiar, toda vez que casualmente, a los tres meses salió el dueño del lote a pedirle a la Procuraduría que haga una conciliación para que el municipio le reconozca los $48.000 millones. Además, testigos del “negociazo” demostraron la presión de Montoya para que esto ocurriera.
Todo llegó al punto que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el pago. Y aún asi´, en una movida absurda, el Municipio apeló la decisión. Es decir, es como si el municipio estuviera muy interesado en desembolsar $48.000 millones por un predio que había entrado por $2.700 millones de pesos. “Una cosa es que apele el dueño del lote, y otra distinta el municipio”, dijo Gutiérrez.
Como si fuera poco, después el subsecretario de Suministro le devolvió el lote al que era su propietario como si nada hubiera pasado, y para colmo de males, ese subsecretario después fue nombrado secretario general como premio a su gestión.
El quinto caso Gutiérrez lo llamó “De jardines a rastrojos”. Quizá este es uno de los casos que fue más evidente para los ciudadanos, pues la alcaldía de Quintero le quitó al Jardín Botánico los contratos de ornato y mantenimiento de los jardines públicos y se los entregó a una empresa sin experiencia llamada Reforestadora el Líbano, ligada a políticos del partido Liberal del suroeste antioqueño que no tenían ninguna idoneidad.
El sexto incidente tiene que ver con el escándalo de la chatarrizacion en la Secretaría de Movilidad. Según Gutiérrez, quien se ganó la peculiar licitación, la Unión Temporal Rym SAS, se ganó un contrato de $33.000 millones para chatarrizar 50.000 vehículos, por los cuales iba a pagar tan solo $98 pesos por kilo de material ferroso cuando en el mercado el kilo está entre $1.200 y $1.500 pesos.
El séptimo caso tiene que ver con el contrato ilegal para la adquisición de un software la cual se hizo con un único proponente, como si este fuera el único que tuviera la ciudad para ofrecer la formación de inglés en una técnica profesional y en general para una institución educativa de Medellín.
El octavo hecho del que Gutiérez se refirió como caso con hallazgos es el mantenimiento del Parque de las Aguas por parte de Metroparques. y que hoy tienen en aprietos a exdirectivos de la entidad. “A los que les dieron el contrato de mantenimiento de este parque acuático, a través de Metroparques, y que tenía un valor de $22.000 millones, eran empresas en el sector textil que están desesperados viendo cómo los devuelven”, explicó el mandatario.
El noveno y último caso del que hizo referencia Gutiérrez tiene que ver con las irregularidades alrededor del programa de Presupuesto participativo, que el alcalde llamó “el bazar de la corrupción”.
Según dijo Gutiérrez, toda la contratación del presupuesto participativo se hizo por medio de Plaza Mayor. “Internamente, diseñaron unos códigos, no técnicamente, para saber a quién le entregaban los contratos. Ese código tenía como fin entregarle el dinero a unos pocos contratistas”.
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Según el mandatario local, en los correos electrónicos que dan cuenta de las irregularidades se evidenció como se entregaban los recursos a dedo. En uno de ellos se leyó:
“Solicitud de petición"
Muy respetuosamente me dirijo a usted (...) facturo un apoyo al fortalecimiento de la organización. El señor “X” manifiesta que la factura no la puede pagar ya que él tuvo que pagar un porcentaje para la campaña de Juan Carlos Upegui”.
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