La Corte Constitucional decidió este viernes ampliar por siete meses más el periodo que tiene previsto la Comisión de la Verdad para cumplir con su labor. Con la decisión, el periodo de la Comisión ya no concluirá en noviembre de 2021 como estaba previsto sino en junio de 2022, con dos meses más para la divulgación del informe. 

El alto tribunal determinó que la pandemia de COVID-19 retrasó las funciones de este órgano, por lo cual requiere un tiempo más amplio para presentar su informe sobre las causas y las circunstancias en las que se produjo el conflicto armado en el país. 

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La decisión fue tomada por una votación unánime de ocho magistrados (Cristina Pardo se declaró impedida), con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. 

Para tomar esta decisión la Corte acogió la demanda presentada por La Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia. 

En esta demanda las organizaciones aseguraban que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia, que generaron graves afectaciones en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 

"La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones. 

Las Corporaciones argumentan además que la Comisión de la Verdad solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo, "el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades". 

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Los demandantes aseguraron también que si el periodo de tres años se mantenía como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. 

Esto porque la pandemia ha dificultado la recolección de información, porque hay zonas rurales en donde ocurrieron hechos graves de conflicto, que no tienen acceso a internet y hay zonas como las cárceles donde ha sido imposible recoger los testimonios. 

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A esta petición también se había unido la Procuraduría en un concepto enviado a la Corte, donde se sumó a las peticiones de las organizaciones de víctimas y pidió al alto tribunal tener en cuenta en su decisión que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de manera razonable y en ejercicio de su autonomía, estimó que requiere de siete meses adicionales para cumplir con sus funciones. 

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