El gremio arrocero de Colombia, que representa a más de 500.000 familias y genera cerca de 110 mil empleos directos y 400 mil indirectos en 211 municipios de 23 departamentos del país, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza la estabilidad económica y social de miles de campesinos colombianos.

Los productores arroceros, ante la falta de soluciones concretas y efectivas por parte del Gobierno nacional, han decidido de común acuerdo suspender las negociaciones hasta que se concrete una solución clara, que abarque en su totalidad el pliego de peticiones.

"No podemos seguir esperando seis meses, un año, o que se resuelva en el próximo Gobierno. La situación es crítica, y mientras el Gobierno promete soluciones a largo plazo, el sector arrocero está perdiendo su cosecha, su trabajo, y el futuro de miles de colombianos que dependen de este cultivo", dicta el comunicado del gremio arrocero emitido en la tarde del domingo.

Desde noviembre del 2024 y hasta la fecha los agricultores han solicitado ayuda urgente al gobierno sin recibir respuestas claras y contundentes. Para el gremio, esto es inaceptable.

"La actual crisis que atraviesan los productores arroceros ha sido denunciada desde hace meses, pero a pesar de ello, las soluciones siguen sin llegar, poniendo en riesgo no solo el empleo de miles de personas, sino también la seguridad alimentaria de la Nación", continuó el comunicado.

En la mayoría de regiones arroceras del país la economía depende en más del 90% de la siembra de este cultivo. La falta de apoyo y la caída de los precios del arroz están generando pérdidas millonarias que comprometen el sustento de más de dos millones de colombianos que dependen directa e indirectamente de la producción arrocera.

Una crisis anunciada

La drástica reducción en el precio del arroz paddy verde en un 21.5%, pasando de $230.000 a $185.000 por carga (125 kgrs), en la zona centro del país está generando pérdidas que oscilan entre 1,5 y 2 millones de pesos por hectárea.

Los costos de producción han aumentado significativamente, y las ayudas anunciadas por el Gobierno de $10.000 millones de pesos para cubrir el diferencial de precios, son completamente insuficientes.

La deuda impaga y los altos intereses bancarios están llevando a los campesinos a la quiebra, poniendo en riesgo sus tierras y su futuro.

La variabilidad climática y el cambio climático, han generado situaciones adversas incontrolables por el agricultor que los ha llevado a perder productividad en su ejercicio, situación esta que se suma negativamente a la caída drástica del precio.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Agricultura para atender la crisis, los representantes de los productores les han solicitado a los funcionarios del MADR escalar de manera inmediata la solución hacia Presidencia de la República y los ministerios que tienen relación directa con la problemática del sector arrocero, para satisfacer las necesidades mínimas de los agricultores, que le genere una recuperación de los costos de producción y una utilidad justa.

Los arroceros esperan que el presidente Gustavo Petro, quien en su campaña presidencial manifestó su compromiso con los pequeños y medianos productores, "muestre disposición para escuchar nuestras demandas sin condicionarlas al retiro o suspensión de la justa protesta pacífica que están adelantando los agricultores y campesinos de Colombia".

Y agregaron, "no podemos seguir esperando. La situación es alarmante: mientras los productores se movilizan y protestan pacíficamente, hay quienes ya están perdiendo tierras, cosechas y, lo más importante, el sustento de sus familias".

La crisis arrocera es una emergencia nacional. La primera cosecha del año ya está siendo recogida, y los arroceros están perdiendo lo poco que queda. "No podemos seguir esperando meses por una solución que debería haberse implementado hace tiempo".

"Ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno, los bloqueos en los diferentes departamentos continuarán hasta obtener soluciones reales y urgentes. La crisis no puede esperar".

Según el gremio, "Los productores arroceros no estamos aquí por elección, sino por necesidad. No pedimos caridad, sino justicia. Exigimos que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y actúe de manera inmediata para garantizar la viabilidad del sector arrocero y la seguridad y soberanía alimentaria del país".

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