A través del décimo informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas, los entes de control que integran la Comisión de Monitoreo solicitaron "articulación efectiva" para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
De acuerdo con la Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Mesa Nacional de Victimas y pueblos étnicos, se necesitarían alrededor de 252,4 billones de pesos entre 2023 y 2031 para cumplir todas las medidas de asistencia, atención y reparación para las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
La Comisión de Seguimiento señaló que el año pasado hubo un rezago de más de 730 mil millones que las entidades nacionales encargadas no ejecutaron. Las entidades que menos ejecutaron el dinero fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Comercio.
Los órganos de control se mostraron preocupados, pues desde 2021 hasta este año ha habido una reducción en los recursos que se asignan a la política pública de las víctimas. Según sus cálculos, el presupuesto para 2021 fue de ocho billones de pesos, pero este año solo se han programado 5,7.
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Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), además, durante el 2022 se registraron 129 eventos de desplazamiento forzado masivo. El balance es de más de 56 mil personas desplazadas y 47 eventos 41 mil confinadas. Todo ello, advirtió la Comisión, a pesar de las negociaciones enmarcadas en la Paz Total.
Se mencionó, en ese sentido, que persisten dificultades para las comunidades desplazadas para retornar y reubicarse. A 31 de diciembre del 2022 solo el 12,71% superó su condición de vulnerabilidad.
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Asimismo, también en 2022 los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos tuvieron un incremento significativo del 32,5 % en comparación con los de 2021. La Comisión de Seguimiento añadió que "persiste la barrera en la ruta de protección individual y colectiva para la población con orientación de género diverso, en especial para hombres gais, personas no binarias y hombres transgénero".
Los entes de control recomendaron al Gobierno nacional "avanzar en la estrategia de coordinación Nación – territorio, priorizando la asistencia oportuna, atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado".
Con ello esperan mejorar en cifras de sesiones realizadas por Mesas Regionales de Víctimas, así como en indemnizaciones y reparaciones, sobre todo en materia de enfoque diferencial, acceso a viviendas y superación de pobreza.
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