El intento por alcanzar la paz con el Eln sufrió un nuevo traspié. Esta vez, el grupo subversivo amenazó con levantarse definitivamente de la mesa de negociación que adelanta con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Comando Central de la guerrilla emitió un comunicado en el que puso en duda su continuidad en el proceso. Con ello ahondó en la crisis de un diálogo que está congelado desde el pasado 11 de abril y que atraviesa una crisis por los señalamientos que involucran a la mesa con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

¿Qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda?, ¿qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al Eln a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores? La paz no puede ser propiedad de gobiernos que no cumplen, es un derecho de toda la sociedad”, se lee en el comunicado firmado por la guerrilla.

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La manifestación de ese grupo armado ocurre justo cuando faltan ocho días para el vencimiento del cese al fuego bilateral. A la media noche del próximo 3 de agosto tendrá que estar definido si las partes continúan con el cese de hostilidades o se retoma la confrontación armada.

Las conversaciones quedaron estancadas en el sexto ciclo. El Eln decidió congelarlas en rechazo al diálogo –que ellos consideran paralelo– del Gobierno Nacional con el frente Comuneros del Sur, un grupo que opera en Nariño y que decidió separarse del Comando Central de los elenos.

Las partes se dieron cita en Caracas en mayo pasado para firmar el primer acuerdo de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de paz y desde entonces no ha habido otros acercamientos.

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El Eln aseguró que ha cumplido con el cese al fuego y afirmó que la reanudación del secuestro con fines extorsivos ocurrió por incumplimientos del Gobierno.

Este punto forma parte de otra crisis. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, afirmó en una declaración juramentada ante la Corte que desde la unidad se direccionaron contratos que terminaron beneficiando al Eln para “salvar el proceso de paz” ante sus amenazas de retomar el secuestro. Según él, la intermediaria fue la representante araucana, Karen Manrique. El Gobierno y la congresista han desmentido al exfuncionario que ahora está procesado.

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La crisis también ocurre dentro del equipo negociador del Gobierno. José Félix Lafaurie, uno de los negociadores, pidió cita con el presidente Petro: le pedirá que se suspenda el diálogo con la guerrilla.

“Pedí audiencia y voy a insistir porque no se puede, de alguna manera, seguir permitiendo que, mientras le exigen al Gobierno, mientras cuestionan buena parte de las cosas que el Gobierno hace, por ejemplo, siguen secuestrando, siguen asesinando y siguen extorsionando”, señaló el también presidente de Fedegan.

La pelota ahora está en el terreno del Gobierno. Deberán definir si es viable continuar en la mesa con el grupo subversivo y si hay condiciones para ampliar un cese al fuego.

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