En su más reciente texto informe sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, la Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto un avance desalentador y lento en varias áreas cruciales, con un énfasis particular en la restitución de tierras. La entidad ha alertado sobre una serie de desafíos que continúan entorpeciendo la plena ejecución del acuerdo.
Uno de los temas más complejos de resolver en la historia de Colombia es la tenencia de las tierras. El informe revela una disparidad en la información disponible sobre este proceso, además cuestiona el lento avance en la caracterización de los predios necesarios para agilizar su adjudicación.
De los 21.132 predios ingresados para restitución, solo el 37.84 % ha sido adjudicado. Adicionalmente, de los más de 1,500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), apenas 26 han sido adquiridos.
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La Defensoría también subraya la falta de progreso en la ruta étnica de restitución y en las solicitudes individuales. Aún existen 2,730 solicitudes sin demanda y 16,995 solicitudes pendientes de microfocalización, de las cuales el 80 % corresponden a adultos mayores que esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023 para continuar con sus trámites.
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el informe muestra un avance de solo el 1 % al 31 de abril de 2024, en contraste con el 44 % reportado en el informe anterior.
El contexto de violencia sigue siendo alarmante y empeora la situación. Entre enero y abril de 2024, se han registrado 57 homicidios de líderes sociales, lo que agrava la situación de inseguridad en los territorios rurales. El defensor Julio Balanta Mina ha resaltado que sin una mejora en la seguridad, no se podrán llevar a cabo reformas agrarias ni procesos de restitución de tierras.
La Defensoría ha emitido Alertas Tempranas para advertir sobre la presencia de grupos armados que cooptan y controlan zonas rurales, impidiendo así el desarrollo de proyectos productivos y la explotación de tierras.
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La entidad enfatiza que las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las entidades gubernamentales para permitir la implementación efectiva del acuerdo.
Además, subraya la necesidad urgente de actualizar los indicadores de avance y de fortalecer la ejecución del Acuerdo para tener claridades en la política pública.
La Defensoría hizo también un llamado a las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz para que se comprometan más allá de las intenciones, asegurando que las acciones y actividades estén alineadas con los compromisos establecidos. Este enfoque permitirá una mayor confianza y un mejor control social, elementos esenciales para el éxito del proceso de paz.
*Con información de El Colombiano.
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