Roy Barreras toma el micrófono, pide que los asistentes al retiro programático del Pacto Histórico en Medellín se sienten y antes de dar inicio a la agenda les recuerda a todos en un tono fuerte y claro: “El 7 de agosto necesitamos las reformas listas y radicadas”. Obviamente la que más apremia es la tributaria, con la que se buscan $50 billones o hasta $75 billones.
Es que el mensaje del presidente electo Gustavo Petro para su equipo es: si no hay reforma, no hay gobierno. La plata se necesita para programas sociales y reducir el déficit fiscal, que este año cerraría en 5,6% del PIB. En esa línea, se conocieron los primeros pormenores del contenido del proyecto.
Impuesto al patrimonio desde 0,25% a 1%
Una de las certezas que ya hay es el impuesto al patrimonio. El gobierno Petro propondrá que aquellos patrimonios líquidos a partir de $1.000 millones se graven con una tasa marginal del 0,25%; entre tanto, desde los $2.000 millones la tarifa sería de 0,5%; para los $3.000 millones estaría en 0,75%, y de $4.000 millones hacia adelante en 1%.
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Aunque desde este año el impuesto dejó de existir, hasta el año gravable 2021 la tarifa era del 1% para patrimonios de $5.000 millones en adelante. Con la modificación, el equipo de Petro busca cumplir con su promesa de que los más pudientes del país paguen lo que deben.
En este capítulo también se especifica que solo se gravará el patrimonio líquido de las personas naturales y el patrimonio improductivo de personas jurídicas, al cual se le hará foco mediante una “labor de auditoría” (ver Gráfico).
Habrá más responsables del IVA
Ahora, en materia del Impuesto a las Ventas (IVA) se evalúa un ajuste con el que más personas naturales serían responsables de este, en la medida que se bajará el tope que las exime de hacerlo.
Hoy, aquellas que el año pasado o este hayan ingresado menos de 3.500 UVT ($133.014.000 con la UVT de este año) por las actividades que desempeñan no son responsables del IVA. Pero la tributaria buscaría que el umbral baje a 3.000 UVT ($114.012.000) y permitiría que, en efecto, suba la cantidad de personas que lo asuman.
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Rafael Felipe Gómez, abogado experto en derecho comercial y socio fundador de la firma de Deraíz, explica que este cambio implicaría que más colombianos que prestan sus servicios empiecen a llevar contabilidad, facturar electrónicamente y asumir los costos que implica contratar un contador.
No quiere decir que esos serán los únicos cambios propuestos en la materia, pues también se limitaría la devolución del IVA a bienes de capital en inversiones de hasta $500 millones. Y, como ha dicho Petro desde su campaña, la canasta familiar no se tocará.
Un tema que llama la atención es que el proyecto reinstalaría el IVA a las compras de vivienda superiores a los $960 millones, así sean nuevas o usadas. “Eso ya se había aprobado y Camacol lo hizo bajar, creemos que se puede reimplantar. $960 millones no es una transacción de vivienda social”, dijo Ricardo Bonilla, asesor económico del Pacto Histórico.
A juicio del abogado Gómez, esta sería una iniciativa inconveniente, teniendo en cuenta que el costo de los materiales de construcción están por las nubes y el precio del metro cuadrado ha subido hasta 20% o 40% en algunas zonas del país. “La propuesta cobijaría un alto porcentaje de inmuebles de estrato 6 y el mercado inmobiliario no soporta un nuevo impuesto”.
Los más pequeños pagarán menos
En adición a esto, Petro quiere sí o sí cumplir su propuesta de campaña de acabar con los beneficios tributarios a las grandes compañías. En su primera entrevista, Luis Carlos Reyes, quien será el director de la Dian de Petro, dijo a El Colombiano que “el 95% de las empresas debería pagar menos”.
En tal dirección, la idea es que eso se logre eliminando beneficios tributarios para las grandes compañías e implementando tarifas diferenciales en el impuesto de renta. Aunque no lo mencionó como algo oficial, el equipo económico del Pacto Histórico puso como un “ejemplo” de lo que se busca, que grandes y medianas firmas tributen 30% y las pequeñas el 25%.
La reforma contemplaría entonces una reducción, pues hoy la tarifa general para las compañías es del 35%, salvo algunas excepciones. ¿Cómo se adelantaría? En principio el equipo económico cree que este será un proceso gradual de cinco años. Eso sí, falta ver si se mantiene la sobretasa para las entidades financieras aprobada el año pasado.
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Dicho esto, también vale mencionar que el gobierno entrante pretende depurar activos y gastos no relacionados con los negocios, para así aumentar la base gravable. Esto requiere de un trabajo fuerte de la Dian, por lo que la entidad podría apelar a aumentar el número de funcionarios y su presupuesto.
Ni 4.000, ni 40.000: 420.000 personas
Pero además de las empresas, el plato fuerte de la reforma también contempla a las personas naturales. Si bien Petro dijo en un principio que iba a poner la mira en las 4.000 personas más ricas y luego Ricardo Bonilla habló de 40.000, finalmente la tributaria iría por los 420.000 más pudientes.
Así se consigna en la presentación que el propio Bonilla hizo en Medellín. Este número de personas, entonces, serían los colombianos que perciben ingresos por más de $10 millones al mes, pues a ellos se les aplicaría tasas marginales mayores. Mientras tanto, aquellos que devenguen menos de la cifra en cuestión no pagarían un peso más.
“No decimos que todas ellas (que ganan más de $10 millones) sean igualmente responsables de tributar más en la misma proporción. Es un grupo de gente con buenos ingresos, pero algunos viven de su salario y la idea es pedirles una contribución adicional de un poco, nada excesivo. Hay otros que se han venido beneficiando de medidas que les permiten evadir o eludir y se les pedirá que cumplan su responsabilidad con la sociedad colombiana”, dijo Luis Carlos Reyes.
También quedará estipulado que no se bajará el umbral de declarantes –hoy en $50 millones, de los cuales pagan los primeros $38 millones– y se bajarán las exenciones gradualmente en cinco años hasta llegar a 700 UVT ($26.602.800).
Se estima además dejar solo dos cédulas generales para la declaración de renta: laborales y altos ingresos (es decir, suprimir la cédula de pensiones, la de dividendos o la de capital).
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