A través de la Directiva 003, la Fiscalía General de la Nación anunció que busca proteger la libertad de prensa en Colombia, en medio de la polémica que vive el país en los últimos días por las fuentes anónimas o reservadas de los medios de comunicación.
Aunque la norma aún no está publicada en su página web, como sí lo están la 002 sobre priorización de casos o la 004 sobre feminicidio, la entidad entregó algunos detalles.
En primer lugar, el ente investigador señala que “tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas”.
Esto tiene que ver con la confidencialidad de las fuentes. La Fiscalía retoma ese aspecto indicando que “en principio, y como regla general”, está prohibido llamar a un periodista para entrevistas o testimonios “en relación con información suministrada por sus fuentes”.
Sin embargo, a los periodistas se les puede citar como testigos en un proceso penal, “pero con estrictas limitaciones constitucionales”.
Por último, la comunicación menciona que “los fiscales se abstendrán de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga el riesgo el secreto periodístico”, incluyendo la inspección en el lugar de trabajo.
Este punto generó críticas en periodistas que pertenecieron a Noticias Uno, como Juliana Ramírez Prado, puesto que el año pasado se ordenó una inspección a ese noticiero que aún no ha sido aclarada.
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La directiva llega días después de que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, insinuó en redes que la revista Semana “debe ser intervenida por la Fiscalía”, luego de que una fuente anónima le diera información al medio sobre supuestos detalles del robo de dinero en la residencia de Laura Sarabia.
Frente a la directiva de la Fiscalía, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que resulta insuficiente para garantizar el libre desarrollo del periodismo y no responde a las obligaciones de esta entidad en términos de protección a la prensa. Primero, incluye lineamientos que ya se encuentran protegidos por la Constitución.
"En segundo lugar, la normativa se limita a hablar de la protección de la fuente —lo que es fundamental en las democracias— pero no aporta nuevos elementos que protejan el desarrollo del periodismo. En tercer lugar, la Fiscalía está en deuda frente a sus obligaciones en la protección de la libertad de prensa. Desde octubre del 2020, ha incumplido su compromiso de establecer una mesa de trabajo para la creación estas directrices", agregó la FLIP.
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