El caso por las posibles interceptaciones ilegales de las que habría sido víctima el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha evolucionado con diligencia.

La alerta del magistrado conversador fue lo primero. Aseguró que él, su familia y algunos magistrados auxiliares de su despacho, estarían siendo interceptados por “órganos de inteligencia oficial uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, dice un fragmento de la carta enviada a la Fiscalía.

“Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”, añadió en su carta el magistrado.

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Esta denuncia revivió un viejo temor. No es la primera vez que los magistrados de las altas cortes son víctimas de interceptaciones ilegales debido al resorte de sus investigaciones e impacto de sus decisiones. De ahí, el remolino judicial y político en torno a las aseveraciones del Dr. Ibáñez.

Entonces, por lo apremiante de la situación, en la tarde-noche del lunes, en las instalaciones del Palacio de Justicia-lugar elegido para reivindicar la dignidad que asiste al magistrado-el fiscal Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, tomó la ampliación de la denuncia, recibió el material probatorio y escuchó al detalle la información que al respecto tenía el magistrado. Esta diligencia duró al menos cuatro horas.

Allí, el fiscal Barreto, tal cual como lo hizo la fiscal, Luz Adriana Camargo, se comprometió en avanzar con prontitud en el esclarecimiento de los hechos y a entregar en las próximas semanas un primer informe con los hallazgos preliminares.

Trascendió que una vez finalizada la diligencia, los demás magistrados de la corporación se acercaron hasta donde estaba Ibáñez como muestra de solidaridad y apoyo. Pero además, se trató de un acto simbólico para dejar constancia que no se está afectando a un solo miembro de ese alto tribunal, sino a toda la institución.

Ibáñez es uno de los magistrados más experimentados e independientes de la Corte Constitucional. Desde su natal Tunja, Boyacá, se ha destacado por su alto coeficiente intelectual y criterio en la toma de decisiones. Fue concejal de su ciudad y fundador de un centro de estudios de derecho económico, cuando apenas era un adolescente.

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Llegó a la Corte en el año 2020, en reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero y desde entonces se han destacado por su activa participación en fallos de gran impacto nacional e internacional como su voto a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24.

Tuvo en su despacho la demanda a la Ley de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, la cual pidió tumbar por considerarla inconstitucional. Así como en ese caso, Ibáñez se ha perfilado en contra peso al ejecutivo.

Ahora, espera que la Fiscalía considere la gravedad del asunto que hoy pone de nuevo los reflectores sobre su nombre, siendo él partidario de estar apartado de las polémicas, discreto, lejos de controversias.

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