En el marco de la audiencia pública, que se adelantó este jueves, de seguimiento a las órdenes impartidas al Gobierno por el asesinato de excombatientes, donde asistieron el consejero presidencial adjunto, Carlos Germán Caycedo y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, el magistrado, Gustavo Adolfo Salazar, les hizo un fuerte regaño.
“La situación es grave, no solo es grave, sino muy grave, y de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación, de ninguna manera. Hay 46 homicidios en el 2021, es una situación gravísima”, dijo Gustavo Adolfo Salazar.
Agregó que por esta razón hablar de los indicadores de disminución del 8% y del 20% (expresados por el Gobierno), “no comunican lo que se debe comunicar y es que hay una serie de ciudadanos que tienen unas obligaciones especiales con el estado colombiano en el marco del sistema de aporte a la verdad, de haber dejado las armas, etc, y el estado no les está cumpliendo”.
Añadió Gustavo Adolfo Salazar que el proceso de implementación de la seguridad contra los excombatientes es tardío, y básicamente necesitó de la implementación de la magistratura y parece no cumplir con los requisitos en relación con la mesa de seguridad y protección en relación con las concertaciones.
También dijo que “no podemos quedarnos en revisar unos números de implementación cuando lo que tenemos que ver es si alguien fue asesinado”.
Este hecho se presentó luego de que Carlos Germán Caycedo dijera que entre 2019 y 2020, según cifras de la Fiscalía, se produjo una reducción de cerca del 8 % en el nivel de los homicidios contra los ex combatientes, mientras que en 2021, la reducción estaría cerca del 20 % en comparación con el año 2020, lo que refleja una mejoría de la situación.
Este regaño también se dio luego de que el director de la UNP, dijera que desde la creación Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la entidad se ha venido garantizando la protección de la población en reincorporación, lo que sustentó con cifras, como la cantidad de personas que han contratado y el presupuesto (3.048 millones de pesos).
Además Gustavo Adolfo Salazar tuvo en cuenta para su regaño, las declaraciones del representante del Partido Político Comunes, Héctor Hernández, quien dijo que el Plan que presentó el Gobierno para solucionar esta situación “no cumple los requisitos mínimos sobre contenido y alcance requerido y no contó con la participación y consenso de la mesa técnica de seguridad y protección”.
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