Germán Trejo, estratega de comunicaciones que ha participado en algunas campañas de políticos de centro-izquierda de América Latina, fue acercado semanas atrás al presidente Petro para mejorar sus alocuciones y estrategia de cara al 2026, sin embargo, ya fue removido de su cargo.

Su salida del Gobierno Petro se habría dado por las denuncias que hay en al menos seis países de América Latina, además de las que existían del mismo Pacto Histórico por hechos ocurridos en el 2022.

De acuerdo con denuncias que conoció en el medio, cuatro estrategas políticos de Paraguay, Venezuela y Ecuador que trabajaron con Trejo se reconocen como víctimas de Trejo en el marco de campañas presidenciales, legislativas y locales.

Según testimonios que conoció este medio, gracias a su modus operandi, el mexicano le quedó debiendo a asesores de estos países sumas que van desde 20.000 hasta 40.000 dólares.

Trejo se vende internacionalmente como el que “no le cuesta a la campaña y además aporta”, esto con un esquema en el que garantiza a los clientes que deben pagar por adelantado los tres primeros meses y una vez que se han cumplido, él garantiza que a partir del cuarto mes comienza a hacer una recaudación de fondos para la campaña.

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“Él donde llega tiene su performance y dice que tiene una firma registrada en Texas o en Ohio y que todo lo tramita con un abogado de allá. Pero es una desventaja porque cuando lo quieren demandar nadie quiere pagar eso en Estados Unidos y quedar con esa marca de tener un proceso abierto”, le mencionó un consultor político a el medio respecto a su empresa, Battleground Solutions, la cual no existe.

Además de estas denuncias que pese a ser ignoradas en la Presidencia inicialmente ya hicieron ruido en el gabinete, otra conducta que no gustó del mexicano, según lo conoció La FM, fue su forma invasiva de asumir ciertos procesos internos como su injerencia sobre la plataforma Sami que es el sistema por el cual se autorizan las campañas publicitarias de las entidades estatales.

Según informó el medio radial, Trejo estaba decidiendo qué proyectos recibían pauta estatal y cuáles no, algo que generó molestias en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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