El Gobierno colombiano instalará mañana en Caracas la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc formada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016 y que ahora quieren volver a negociar una salida del conflicto que les convenza.

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La Segunda Marquetalia, que toma el nombre del lugar donde nacieron las FARC en 1964, fue creada en 2019 cuando Márquez y otro de los negociadores del acuerdo, ‘Jesús Santrich’ (que murió en 2021 en un fuego cruzado en Venezuela) volvieron a la clandestinidad.

Es el grupo al que el Gobierno le ha dado status político más pequeño y se estima que tienen entre 1.800 y 2.000 hombres, de los cuales solo entre 1.200 y 1.300 son guerrilleros, el resto son colaboradores.

No tienen intención de atacar directamente al Estado, como otros grupos, y su objetivo es el control territorial para lo cual tienen un conflicto abierto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la otra disidencia de las Farc, el Estado Mayor Central (EMC).

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A los jefes de la Segunda Marquetalia, con un bagaje político profundo, se les ha unido una amalgama de personas con intereses más variados, como los Comandos de la Frontera, que actúan en los límites con Ecuador, y cuyo único interés está en las economías ilícitas de esa porosa región.

En todo caso, es el grupo con menos presencia territorial, que se limita a los departamentos de Nariño y Putumayo, aunque está presente en más de 60 municipios del país.

Los de Márquez alegan que hubo un “entrampamiento” de la paz de 2016 y una persecución a él y a ‘Santrich’ por parte de la Justicia, con cargos falsos después de que firmaran la paz, y el Gobierno argumenta, para volver a negociar, que el Estado pudo no haber cumplido su parte del acuerdo.

“Eso ha sido una desgracia nacional. El sector que representa Iván Márquez dejó la paz, pero el Estado colombiano tiene unos estándares de incumplimientos bajísimos”, explicó a EFE la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla.

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Y continúa con un ejemplo: “De 34.000 iniciativas que se deben implementar para transformar los territorios, un porcentaje muy bajo están en estructuración; pasamos ocho años estructurando proyectos del tamaño de una escuelita o un puente”.

Por eso, el que será el tercer proceso de paz en simultáneo que lleva el Gobierno de Gustavo Petro comienza con gran controversia y se presenta “muy complejo”, según Bonilla.

Ambas delegaciones deberán definir en este primer ciclo de negociaciones en Caracas los asuntos que se abordarán durante los diálogos, aunque en reuniones previas en la capital venezolana ya acordaron que “este proceso de paz abogará por cambios y reformas democráticas para el beneficio de la población, partiendo de la construcción de paz con soluciones políticas en las que la prioridad sean los territorios”.

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La complejidad viene de las posibles desavenencias de ambas partes y sobre todo de la desconfianza mutua: del Gobierno porque está negociando con quienes ya firmaron una paz que luego no aceptaron y de la Segunda Marquetalia porque aunque pactan con un Gobierno de izquierdas con el que tienen afinidades, pueden dudar de su capacidad de acción.

“Venimos con un retraso muy grande en la implementación del acuerdo de paz", dijo Bonilla, y por eso “cuando el Estado se sienta en una negociación no está siendo percibido como un Estado suficientemente fuerte”.

Por parte del Gobierno, los diálogos los dirigirá el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, quien participó en la Constituyente de 1991.

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En el equipo hay voces muy diversas que van desde el empresario y presidente del club de fútbol América de Cali, Tulio Gómez, a Parmenio Cuéllar, un exgobernador liberal del departamento de Nariño, pasando por el coronel Jaime Ariza, un exmilitar de inteligencia antipetrista.

Por parte de la guerrilla, no será Márquez quien negociará esta vez sino ‘Walter Mendoza’, un histórico jefe de las FARC que participó en la creación de las columnas móviles de esa guerrilla.

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