Para tratar de resolver la problemática de hacinamiento en las cárceles, que asciende al 20,9%, el Gobierno Nacional anunció que impulsará un proyecto de ley para brindarle penas alternativas a los condenados por “delitos que no revisten mayor gravedad”, como medida opcional a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios.
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Así lo dio a conocer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el debate de control político citado en el Senado, donde se advirtió que la situación carcelaria de Colombia es una “bomba de tiempo” que podría estallarle al Gobierno de Gustavo Petro por problemáticas en materia de atención en salud, infraestructura, espacios para la alimentación, programas de producción y trabajo, situación que estaría vulnerando los derechos de las 98.143 personas que permanecen en prisión intramural.
El senador Gustavo Moreno Hurtado, citante al debate, advirtió que las cifras entregadas por el Inpec muestran que se superó la capacidad de los 128 establecimientos penitenciarios, que pueden recibir máximo 81.175 personas privadas de la libertad, y en su lugar cuentan con una población de 98.143, lo que representa una sobrepoblación de 16.968 personas. Y cuestionó que de 1,5 billones de pesos de presupuesto, el Inpec destina el 99,57% a gastos de funcionamiento y solo el 0,14% para resocialización.
Además, según un reciente informe del Consejo Superior de Política Criminal, una persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 31,1 millones de pesos al año.
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¿Salvavidas para presos?
En medio de los cuestionamientos al aparato carcelario colombiano, el Ministro de Justicia confirmó que impulsará una política criminal que garantice los derechos humanos de procesados y condenados, según él, haciendo énfasis en la resocialización y en la justicia restaurativa, asunto que Osuna ilustró a finales de agosto asegurando que los ladrones de celulares podrían compensar a sus víctimas pagándoles el aparato electrónico y el plan de datos.
En este caso, el Ministro Osuna señaló que se tratará de fortalecer en la legislación penal actual la aplicación de subrogados y alternativas a la privación de la libertad, en los casos de quienes hayan cometido delitos que no revisten mayor gravedad, por otras medidas, como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena.
“Tenemos que hacer un uso racional del sistema penitenciario, eso incluye disminuir algunas penas, aplicar de verdad esos subrogados penitenciarios, desbloquear la posibilidad de acceder a beneficios. Necesitamos más resocialización”, apuntó Osuna.
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Además del hacinamiento, también se alertó por la carencia de programas de resocialización, frente a lo cual Moreno Hurtado aseguró que “hay una bomba de tiempo porque los privados de la libertad que cumplen una condena de 10 años y salen a delinquir”.
Al respecto, el Minjusticia dijo que la iniciativa del Gobierno incorpora cambios en la definición de las conductas punibles, con lo que busca que algunos conflictos se puedan tramitar por materias distintas a la penal, particularmente con la descriminalización de algunos delitos (ver Protagonista) para que se resuelvan en otras jurisdicciones.
Osuna, como vocero del Gobierno, detalló que este proyecto se presentará en marzo de 2023 “cuando el Congreso vuelva a sesiones ordinarias” y reconoció que la iniciativa generará controversia, situación que consideró valiosa para hacer los “ajustes necesarios” al proyecto para reducir el hacinamiento.
Fuente: El Colombiano
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