El Gobierno de Gustavo Petro acaba de dejar claro que, pese a toda la polémica que se ha generado en ciertos sectores conservadores y católicos, el aborto se defenderá durante su mandato como un derecho que debe ser garantizado por el Estado para salvaguardar, entre otros aspectos, la salud e integridad de la mujer y de la vida misma.

Así lo dejó claro en un concepto que el Ministerio de Salud le acaba de remitir a la Corte Constitucional en el que, de forma explícita, asegura que se debe mantener sin modificación alguna la despenalización de esta práctica hasta la semana 24 de gestación. Una decisión de avanzada que se tomó recientemente y que puso a Colombia en la vanguardia en torno a los derechos de la mujer a decidir sobre sus cuerpos y su vida interferencia del Estado o de otros factores.

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Lo que dice el Ministerio de Salud, en un concepto firmado por Gabriel Bustamante, secretario Jurídico del Ministerio de Salud –y fechado del 19 de septiembre–, es que se debe tener en cuenta que los artículos que despenalizan el aborto no van en contra de la Constitución.

Y agrega que, por el contrario, “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental”. Además, entre los argumentos está también el hecho de que el acceso legal al aborto “no resulta incompatible con el deber de protección de la vida en gestación”.

Este debate en torno al aborto se reeditó en la Corte Constitucional luego de que la abogada Natalia Bernal –quien se autodenomina “provida”– radicó un recurso jurídico con el que busca que se caiga el artículo del Código Penal que permite que las mujeres interrumpan voluntariamente su embarazo hasta el sexto mes de gestación. Incluso, alegó que los embriones deben tener, según ella, personalidad jurídica en Colombia.

El caso quedó en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y fue allí a donde se remitió el rotundo pronunciamiento del Ministerio de Salud.

En todo caso, en el proceso ya intervinieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Ministerio de Justicia, la Secretaria Distrital de la Mujer y varias universidades.

Y es en ese contexto que el Ministerio de Salud, actualmente liderado por la médica Carolina Corcho, advirtió que “no se entiende si lo que persigue la actora (la abogada Bernal) es o no la despenalización del aborto”. Por lo tanto, esa cartera concluyó que lo jurídicamente viable es que la Corte declararse inhibida para pronunciarse.

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La demanda de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 25 de agosto y allí se indicó que todo lo relacionado con el aborto preterintencional o en los casos en los que se le hace daño a un feto, además de la aplicación de este procedimiento sin consentimiento, atentan contra la Constitución.

De acuerdo con el recurso jurídico, la intervención en la semana 22 y 37 de gestación podría generar riesgos a las mujeres porque se debilita su sistema reproductor.

Todo esto es lo que tiene que verificar el magistrado Ibáñez, quien –en todo caso– dijo al momento de admitir para estudio la demanda que este recurso jurídico “plantea mayores elementos de juicio que podrían ser suficientes para dilucidar los cargos de inconstitucionalidad respecto de la garantía de los niños en gestación como sujetos de especial protección constitucional, el desarrollo del principio del interés superior del niño a favor de esta población, y el reconocimiento de su personalidad jurídica”.

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