El Gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida, la hoja de ruta que define las metas a corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales para alcanzarlas.
En el acto, que se cumplió entre la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y la Plaza Núñez del Capitolio Nacional, en Bogotá, se presenta el articulado de la iniciativa construida desde los territorios con la participación de más de 250.000 colombianos y colombianas en los Diálogos Regionales Vinculantes. Asimismo, más de 89.000 propuestas ciudadanas fueron entregadas por habitantes de más 1.100 municipios en 2.115 mesas temáticas.
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Las bases del Plan –orientado hacia la Paz Total– comprenden transformaciones como el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental; la seguridad humana y justicia social; el derecho humano a la alimentación; la transformación productiva, internacionalización y acción climática; así como la convergencia regional.
De igual manera, se establece que el cambio que necesita Colombia se hace con las mujeres; además de un país igualitario, diverso y libre de discriminación, de la mano de víctimas, niños, niñas, adolescentes, pueblos y comunidades étnicas, jóvenes, personas en condición de discapacidad, campesinos y la sociedad colombiana.
La radicación del Plan Nacional de Desarrollo contó con la asistencia del Presidente Gustavo Petro, la Vicepresidenta Francia Márquez, el gabinete ministerial, congresistas de las distintas bancadas y “representantes de la Colombia amplia y multicolor”.
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Las facultades que concede el PND a Petro
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que define las políticas públicas clave del Gobierno para el próximo cuatrienio, presenta una serie de puntos que han llamado la atención de los expertos, y que se espera que estén entre los principales debates dentro del legislativo, dada la cantidad de facultades especiales que el documento concede al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, para firmar decretos o normas con fuerza de Ley.
Y es que en total son nueve los artículos del borrador del proyecto del PND que le revisten de dichas facultades al Presidente, por un término de seis meses, contados desde que el documento se vuelva Ley.
Un primer punto tiene que ver con la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, e incorporarlos a un Sistema de Transferencias que se propone en el PND. Dicho sistema lo dirigirá el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y podrá hacer transferencias en dos modalidades: monetarias y en especie.
Luego, en el Artículo 87 se precisan facultades extraordinarias para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital, que sería una entidad descentralizada del orden Nacional, dentro de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
“Esta entidad será responsable de la planificación, articulación y gestión de los riesgos de seguridad digital en el país y será el soporte institucional y de coordinación para la definición, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y acciones dirigidas a fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital”, dice en sus apartes el documento. que fue radicado.
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