Óscar Robayo es guardián del INPEC y lo ha sido desde hace 22 años. Al mismo tiempo es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios que es el mayor sindicato de la institución, cuyos empleados se dedican a cuidar a los delincuentes más peligrosos del país dentro de los centros penitenciarios. Su voz ha sido conocida por varios gobiernos para exigir mejores condiciones a los guardas y cambiar los modelos de las cárceles por el problema del hacinamiento y la falta de garantías también para los internos.
Asegura en entrevista con EL COLOMBIANO que hay por lo menos otros dos directores de cárceles que están amenazados de muerte sin esquema de seguridad por la demora de la Unidad Nacional de Protección. Y dice que a él mismo le retiraron un esquema en enero a pesar de tener una amenaza puntual. Tras el asesinato al coronel Elmer Fernández en la avenida 30 de Bogotá el jueves pasado, hubo una secuencia de nuevas amenazas que incluyen panfletos a guardias con caninos en la cárcel de mujeres El buen pastor. Los hechos se suman a la crítica situación de orden público que vive el país con los ataques de las disidencias de las Farc en el Cauca y Valle.
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¿Cómo han recibido los guardias del INPEC lo que ha ocurrido las últimas semanas con el asesinato al coronel Fernández y a otros guardas en varias regiones del país?
El problema estructural que tiene el INPEC no es ni siquiera dentro de las rejas. La verdad es que en estos 18 meses del Gobierno nosotros hemos visto una transformación del sistema con la implementación de la operación dominó y el liderazgo del director general del INPEC y el ministro de Justicia.
Han cambiado directores de establecimiento y hecho nombramientos de la institución para funcionarios de carrera. Esto como resultado ha acabado tanta permisividad que había en las cárceles; recordemos la fuga de Matamba, el escándalo de Carlos Mattos y lo que podía pasar en los pabellones de seguridad que ha disminuido bastante.
Ha habido control y un trabajo de la mano del Gobierno y de los funcionarios del Inpec. Esto también afectó algunas bandas criminales y sus jefes que no pierden el poder delincuencial dentro de las cárceles y termina repercutiendo en los empleados y los directivos de rejas para afuera. Las bandas criminales se dieron cuenta que nosotros somos el eslabón más débil y no contamos con la protección necesaria del Estado. En el caso del conductor que iba trasladando al coronel Fernández, ese compañero no tiene funciones de escolta. Lo iba trasladando porque es un vehículo institucional. Nosotros tenemos mucho miedo por las consecuencias de este plan dominó.
¿Cuántos guardias y directivos del INPEC han sido asesinados en los último meses?
Este año llevamos cinco. Cuatro guardianes y el director de la cárcel Modelo. En total entre el año pasado y este son 16. En seis años van 56 asesinatos y más o menos 400 amenazados.
Y con esas cifras, ¿usted considera que el Gobierno Petro lo está haciendo bien?
En seis años van 56 asesinados. El Gobierno Petro está haciendo bien las cosas de rejas para adentro. Pero claro que falta coerción del Estado. No hay apoyo de la Policía Nacional, especialmente por los cordones de seguridad en las cárceles. Algunos compañeros han sido asesinados llegando a trabajar. Hay falta de análisis e incompetencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Nosotros solicitamos que trabajen de manera armónica y se resuelvan los faltantes de los cordones de seguridad, también es importante que se inicien procesos de paz con los jefes de estas bandas desde las cárceles. Le hacemos ese llamado al alto comisionado.
Pero, ¿las negociaciones dentro de las cárceles entre el Gobierno y los jefes de esas bandas no se han hecho ya?
Nosotros no conocemos que se hayan hecho esas negociaciones. En ningún Gobierno estas personas han perdido su poder delincuencial en las cárceles. Hay que hablar antes de reprimir.
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Una de las grandes preguntas es por qué estos delincuentes continúan usando sus celulares y comunicándose en muchos casos incluso organizando redes de extorsión dentro de las cárceles. ¿Por qué pasa esto?
Todas las personas privadas de la libertad en Colombia en medida intramural, que son casi 90.000, tienen que tener derecho a la comunicación. Tienen que usar los teléfonos legales, visitas, comunicación con sus abogados.
Que existan métodos de ingreso de elementos prohibidos ha sido algo histórico en el sistema carcelario. Puede ser por la mala prestación del servicio de telefonía, porque los inhibidores de señal no funcionan. Pero ningún recluso en Colombia puede ser incomunicado. Solo se les limita el derecho a la libertad y el derecho a la locomoción.
Hay que atender los problemas de afuera como disminuir el poder delincuencial de estas bandas, pero históricamente todas las personas de alto nivel que han estado dentro de las cárceles han conservado su poder delincuencial. Esta vez no es por actos de corrupción o problemas anteriores, sino que hay un plan pistola por hacer las cosas como se deben hacer.
¿Había alguna alerta sobre el coronel Fernández?
Nosotros siempre hemos estado en una tensa calma porque organizaciones como Muerte a Guardianes Opresores (MAGO) ha generado homicidios y planes pistola este año y desde meses anteriores. El 9 de mayo hubo unos disparos en la cárcel La Modelo y dejaron esos panfletos amenazantes contra el coronel.
Nosotros duramos una semana en protestas pacíficas por la vida de los funcionarios penitenciarios porque había un plan pistola. Todo el INPEC estaba en alerta y faltó previsión en el caso del coronel. Hay que hacer un llamado a los alcaldes y a los comandantes de la Policía de las ciudades. Se lamentan es cuando matan a los funcionarios. Al compañero Romo de Buga lo asesinaron pasando el puente peatonal a la entrada de la cárcel. Si hubiera un cordón de seguridad los hechos habrían sido distintos.
¿Quiénes están detrás de Mago?
Esa información la debe tener la Fiscalía y la Policía. Pero luego de 56 personas asesinadas las autoridades ya deberían saberlo. Tenemos que hacer un llamado al director Augusto Rodríguez de la UNP que ha hecho que los estudios de seguridad se vuelvan negligentes.
¿Hay hechos de corrupción de los propios guardianes para filtrar información?
En este momento cursan muchas investigaciones por ingreso de elementos prohibidos. Pero no me atrevería a decir que hay corrupción en la guardia para filtrar información. Eso tienen que definirlo las autoridades.
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¿Usted tiene miedo de trabajar hoy en el INPEC?
Nosotros sabemos que es una actividad de riesgo. Pero hoy vemos que hay una desprotección del Estado y una actividad muy lenta de la UNP y decisiones administrativas que no entendemos. A mi me retiraron un esquema en enero de una manera abrupta y sin argumentos jurídicos a pesar de que tengo amenazas de muerte. Hay directores de cárceles que tienen amenazas y no cuentan con esquema de seguridad. El director de Girón, por ejemplo, no tiene esquema; el director de la cárcel del Carmen tiene un vehículo convencional, no tiene uno blindado.
¿Cuál es el problema entre la INPEC y la USPEC?, ¿qué hacen ambas entidades?
Hay una dualidad entre ambas entidades. La USPEC maneja el presupuesto de todas las cárceles, incluyendo contratación. El Gobierno anterior dejó contratación para vigencias futuras y eso afecta porque no se puede hacer el buen trámite en alimentación y salud. Son 300.0000 millones que se dejaron de ejecutar antes por esta entidad de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría.
¿Qué está pasando en la UNP?
En el caso del coronel Fernández debieron actuar de oficio porque las amenazas eran públicas. La tramitología cuando hay amenazas inminentes y las demoras de los analistas de riesgo generan muertes. Tienen que salvaguardar nuestra vida y hay casos que no se pueden evaluar de una manera tan básica y sin tener el contexto de nuestro empleo.
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