Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos de la ONU, urgió hoy al gobierno colombiano para que el acuerdo de paz de 2016 con las extintas FARC se convierta en una política de Estado, de manera que sea posible la incorporación total de los ex combatientes, se alcancen las metas en materia de justicia, haya defensa de los derechos humanos y de las víctimas, y sean posibles las reformas sociales contenidas en ese tratado.

El pedido fue hecho por Urrejola en el informe sobre la implantación del acuerdo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y para el cual visitó Colombia durante varios días, donde recogió la información que le permitió llegar a las conclusiones y hacer las sugerencias divulgadas este martes en Ginebra.

"La implementación integral del Acuerdo de Paz ha sido afectada por diversos obstáculos. Primero, el acuerdo no se ha implementado como política de Estado. Aunque constituye una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado", aseguró la experta.

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Detalló que en los primeros años de la entrada en vigencia del acuerdo se presentó una hostilidad frente a lo acordado, seguido de un intento por deslegitimar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el modelo de justicia transicional, a través de un uso abusivo de acciones jurídicas, como fue el caso de Jesús Santrinch.

"Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP", dijo un aparte del informe.

Urrejola también sugirió que se priorice una "política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales", al advertir que los espacios abandonados por las antiguas FARC fueron colonizados por nuevas organizaciones armadas ilegales, cuando debió ser el Estado el que llenara con su presencia esas zonas.

"La desarticulación de las estructuras macro criminales y la lucha contra la corrupción son un eje fundamental en la consolidación de la paz y para la implementación de las medidas establecidas" en varios de los puntos del acuerdo, reclamó la experta en su informe a la ONU.

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También sugirió la creación de una "entidad gubernamental de alto nivel" que se encargue de "liderar" la implementación del acuerdo de paz, que tenga el peso suficiente frente al Estado y coordine políticas públicas en ese sentido.

Urrejola lamentó los retrasos en "la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo", pactados en el tratado, en parte debido a la ausencia de una cabeza visible que lidere la implementación.

"No puedo dejar de mencionar que siguen las vulneraciones de los derechos humanos de las personas firmantes del acuerdo. Ya van más de 400 asesinatos desde la firma del acuerdo, aunado a desplazamientos forzados, y desapariciones", pese a las alertas de la Defensoría del Pueblo y los reclamos de la Corte Constitucional.

Urrejola agradeció a la "sociedad civil" y a las organizaciones de víctimas por "su labor incansable para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz" y reclamó de la comunidad internacional mantener el apoyo para que lo pactado con las antiguas FARC se cumpla.

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