A finales de noviembre de 2021, la Comisión de la Verdad a través de la Ruta del Cimarronaje, realizó un recorrido por el canal del Dique, que contó con la participación de víctimas de la violencia y sus victimarios. En ese encuentro los diferentes actores del conflicto contaron sus historias con el propósito de lograr la paz interna y la reconciliación.
En ese recorrido, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que el canal del Dique era “un cementerio de dolor” y que dentro de sus aguas reposaban miles de cuerpos que fueron vilmente asesinados y arrojados con sevicia en ese afluente.
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En vista de eso, desde hace un año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia suspender el megaproyecto del Canal del Dique tras considerar que las obras pueden poner en riesgo la evidencia de cuerpos arrojados al canal durante el conflicto armado. De acuerdo con el cronograma estipulado, este proyecto sería adjudicado el próximo 4 de agosto. La firma española Sacyr es el único proponente que figura en el proceso.
Medidas preventivas
La posible suspensión de las obras nace de una solicitud de medida cautelar hecha por los miembros de los Procesos Organizativos Articulados de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales vinculados a la Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano.
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En el marco de este trámite, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP procedió a ordenar medidas preventivas a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Santa Lucía (Atlántico). También hizo una solicitud de monitoreo forense a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
“Las obras de dragado de toneladas de sedimentos, sin ningún tipo de medida preventiva o de verificación, pueden suponer la materialización de una desaparición de carácter permanente de cuerpos de personas dadas por desaparecidas presuntamente dispuestas en el canal del Dique, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, dice el auto emitido.
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“La Sección requerirá información puntual sobre los lugares precisos a ser intervenidos (en qué tramos, coordenadas de la intervención, tamaño y cronograma de intervención) y ordenará tomar medidas preventivas, con el propósito de proteger posibles lugares de disposición de cuerpos”.
La JEP señaló que estas medidas tienen como propósito proteger la memoria de las víctimas del conflicto y que estas puedan recuperar los restos de sus seres queridos. “Lo anterior será solicitado con el fin de que, ante un eventual hallazgo, se proceda a la recuperación adecuada de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas que puedan aparecer en el marco de los trabajos de dragado ante el riesgo inminente de una posible pérdida de cuerpos”, resaltó la JEP, que aseguró que estos cuerpos podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas que hagan parte del universo estimado del “Plan regional de búsqueda del norte de Bolívar y del canal del Dique” que adelanta la UBPD.
Así, los cuerpos óseos que sean hallados tendrán su respectivo análisis, identificación y entrega digna a quienes en vida fueron sus seres queridos.
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