La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres empresarios involucrados en el entramado de corrupción de Centro Poblados y el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que pretendía llevar internet a escuelas rurales del país.
Los empresarios acusados son Ottomar José Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres Bayona y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez.
De acuerdo con el material de prueba, el empresario Lascarro Torres y el corredor de seguros Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación, precisó el ente acusador.
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"La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad", explicó la Fiscalía.
Fue así como de esa manera, al parecer, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por 70.000 millones de pesos.
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La Fiscalía también detalló que “la evidencia da cuenta de que parte de estos dineros fue destinada a otros asuntos que no correspondían al objeto de contrato. Por una parte, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez”.
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