El magistrado José Fernando Reyes Cuartas se estrenó como presidente de la Corte Constitucional con una situación atípica, el asedio sobre el Palacio de Justicia por parte de manifestantes que reclamaban a la Corte Suprema de Justicia la elección inmediata de la nueva Fiscal General.

Aunque Reyes descartó que se tratara de un secuestro de los magistrados de las cuatro cortes que comparten el espacio del Palacio, sí advirtió que no fue un tema menor y sostuvo, que se equivocan quienes creen que los tribunales se mueven al sonar de los atabales de las calles.

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Reyes, quien estará en el cargo hasta 2025, recordó que la sociedad es libre de marchar y protestar, pero recordó que los entes judiciales se toman el tiempo necesario para asumir decisiones, dado que "los jueces no tienen partido, solo militan en la Constitución, ese es su credo".

Uno de los temas más importantes en la justicia, que en los últimos días ha generado tensión, es el procedimiento para escoger fiscal general de la nación. ¿Usted cree que ese mecanismo, tal como está planteado en la Constitución, es legítimo, válido, armónico?

Tendría que opinar más como académico que como magistrado. Si me pongo a opinar como magistrado, yo digo “ese es el que es”, ese es el que diseñó el Constituyente del 91.

Cuando se discutió en el 91 si la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial o, por el contrario, al Ejecutivo, se examinaron todos los pros y los contras para al final decir: “tenemos un fiscal que hará parte de la Rama Judicial y, por lo tanto, la garantía de independencia, autonomía, idoneidad frente a los conflictos”, que era la regla y sigue siendo la regla hoy día.

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Luego, ese diseño constitucional es el que está. Ahora, algunos están pidiendo que sea al revés, que el presidente elija de una terna que haga la Corte, no sé qué, pero digamos que eso es parte de la imaginación de los juristas, que tenemos imaginación profusa. Pero, por lo pronto, el diseño constitucional es el que es, es el que ha funcionado, es el que está bien.

Creo que las personas que se han desempeñado en la Fiscalía lo han hecho muy bien, con competencia. Ha funcionado. Seguramente, hay muchas cosas que ajustar; el tema del personal, el tema de la investigación, de los diseños de investigación, etcétera, pero el sistema que hay es el que es.

¿Como académico piensa lo mismo?

No. Yo en principio pensaba que un sistema en el que la Fiscalía hiciera parte de la Administración más que de la Justicia tenía una ventaja, y era que toda la impunidad que la sociedad soportaba tenía un culpable, que es el Ejecutivo, porque no dedicaría los suficientes medios de Policía, los suficientes medios de prevención, los suficientes medios de investigación.

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Entonces, la impunidad legitimará o deslegitimará a una autoridad. Hoy día uno no puede decir que la impunidad está, haga de cuenta, en la Fiscalía, porque la Fiscalía no maneja sus recursos económicos, por ejemplo, para decir “es que tengo mil policías judiciales y necesito diez mil”. No tiene cómo solventarlo. Luego, no es una responsabilidad, en absoluto, de la Fiscalía.

Por eso, en los países donde la Fiscalía hace parte del Ejecutivo, al final, cuando hay mucha impunidad, quien rinde las cuentas es el Ejecutivo. Tienen una responsabilidad compartida.

Siguiendo en la academia, algunas personas dicen que existe un vacío jurídico en el proceso de elección de fiscal general, pues lo que está planteado es que el presidente terna y la Corte escoge, sin mucho más. ¿Usted está de acuerdo?

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En todo lo que parece no funcionar, porque de pronto hay algún interés, la gente dice que tiene un vacío jurídico.

Es posible que eso se pueda reglamentar. Uno podría inventarse unas cosas locas: “Mire, si la Corte a la que se le manda una terna no elige en los seis meses siguientes, entonces, de esa terna, el presidente escogerá al fiscal”. Entonces, una Corte tendría que decir: "miércoles, saquemos al mes esto, lo voy a elegir yo, porque si no, el presidente va a elegir”.

Son cosas que puede un sistema regular, pero no es lo que tenemos. Ni siquiera sabemos si es lo óptimo, ¿cierto? Tampoco hay mecanismos de reemplazo de la dilación o la omisión. En el Consejo de Estado ha habido magistrados que han tardado dos años en ser elegidos, o más, o en la Corte Suprema.

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Yo creo que son cosas que hay que asumir con calma. En las Cortes hay deliberaciones profundas sobre la conveniencia o inconveniencia de candidatos. Hay cosas que los del público no sabemos, que impiden a los candidatos sacar los votos y etcétera.

Entonces, pues, creo que si se quiere una elección más corta, seguramente el Legislativo tendrá que asumir ese empeño y regularla. Pero ¿si existe vacío? No existe vacío. Lo que no satisface las formas en las que otros quisieran que se resolviera no hace que sea un vacío.

Ese proceso de elección, precisamente por sus dificultades, ha generado cierta hostilidad que ha desembocado en protestas como las del 8 de febrero. ¿Cree que esas manifestaciones pueden convertirse en un escenario de presión para la Corte Suprema de Justicia?

Yo, particularmente, creo que sí. Creo que afecta la libre deliberación. Pero lo que hay que defender es que la gente pueda hacerlo. Puede hacerlo, ni más faltaba.

Pero creo que sí. Tal vez los magistrados se sentirían más tranquilos y en la posibilidad de elegir si no tuvieran estas presiones. Pero lo que no pueden hacer es decir, no sé, "no me presionen, que no elijo".  

La verdad es que la gente puede, libremente, marchar y pedir, y la Corte puede tomarse sus tiempos.

Ustedes, como Corte Constitucional, tienen mucha experiencia en asuntos de gran envergadura que pueden generar manifestaciones u opiniones variadas. ¿Pronostica que alguna decisión de este año podría causar ese efecto?

Lo que pasa es que existe por ahí un clima de... de reforzamiento de la necesidad de decidir en cierto sentido, por parte de los colectivos, que los lleva a marchar y a entender que su voz presiona, suma y ayuda.

Las instituciones no galopamos al ritmo de los tambores de las marchas.

El Congreso sacará sus reformas a la salud, a las pensiones, a lo salarial, según su leal y sabio entender, según la deliberación pública que ellos estimen del caso y según cómo las fuerzas políticas se alíen.

Los jueces podemos tener mil personas o cincuenta mil en la plaza diciéndonos “no al aborto”, y si los jueces creemos que el aborto es un derecho de las mujeres, pues lo sacaremos, incluso si toda esa plaza está en contra de nosotros gritándonos arengas.

A lo que aspiramos es que haya suficiente deliberación para una decisión, que al final la gente entienda que cada quién tiene sus competencias y que, en la medida en que se respete la Constitución para tomarla, la determinación tendrá que ser acatada, por mucho que no les guste.  

O sea, mi deber como ciudadano es acatar, inclusive, las medidas que no me gusten. Ponga usted el caso de una marcha contra los impuestos. Como hemos salido a marchar un millón contra el presupuesto equis, el impuesto se tumba. Si eso fuera así, sería muy complicada la vida ciudadana, porque a nadie le gusta pagar impuestos.

En el clima de animosidad, el Gobierno ha tratado de mantener algo de consonancia con la Justicia, con reuniones en la Corte, con medidas para que pudiesen salir aquel jueves, entre otras. Usted ha tenido acercamientos, primero como vicepresidente de la Corte Constitucional y ahora como presidente, así que conoce de cerca la relación entre el Ejecutivo y este otro poder público. ¿Qué puede decir de ese vínculo?

Nosotros tenemos unas relaciones institucionales armoniosas. No existe nada de confrontación.
 

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