Hay un debate con voces chocantes sobre el nuevo Decreto del Gobierno Nacional que fija nuevas reglas para la fuerza pública en escenarios de violencia, protestas o manifestaciones.
Se trata del Decreto 1231 de 2024, que modifica el decreto anterior, 1070, que gradúa la respuesta de los policías cuando deben atender casos de agresiones no letales y situaciones de alto estrés y alteraciones al orden público.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez, se basó, entre otras cosas, en las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los excesos de la fuerza policial durante el estallido social de 2021.
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El propósito, según el Gobierno, es asegurar un uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de los uniformados. Por eso, el documento de 18 páginas aplica a “todo el personal uniformado de la Policía Nacional, como titular del uso diferenciado y proporcional de la fuerza en protección de los derechos y deberes humanos, la seguridad y la convivencia ciudadana”.
El decreto, que empezó a regir el 3 de octubre, establece que “el personal uniformado de la Policía Nacional utilizará, en la medida de lo posible, medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego. El uso de la fuerza y de las armas de fuego solo se permitirá cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el objetivo previsto”.
Es decir, que los uniformados solo podrán hacer uso de las armas de fuego “en casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
Contrario a eso, los uniformados deberán priorizar “medios disuasivos”, advirtiendo la prohibición de “medidas extremas para proteger bienes que no sean superiores a la vida o integridad física”.
Para un real cumplimiento de las nuevas formas de atender situaciones violentas, los policías estarán en “formación permanente en DD. HH., supervisión y rendición de cuentas para garantizar un uso adecuado de la fuerza”.
El nuevo decreto ha provocado múltiples reacciones; muchas advierten que con este se está limitando el actuar de la policía y su defensa.
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El propósito, según el Gobierno, es asegurar un uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de los uniformados. Por eso, el documento de 18 páginas aplica a “todo el personal uniformado de la Policía Nacional, como titular del uso diferenciado y proporcional de la fuerza en protección de los derechos y deberes humanos, la seguridad y la convivencia ciudadana”.
El decreto, que empezó a regir el 3 de octubre, establece que “el personal uniformado de la Policía Nacional utilizará, en la medida de lo posible, medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego. El uso de la fuerza y de las armas de fuego solo se permitirá cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el objetivo previsto”.
Es decir, que los uniformados solo podrán hacer uso de las armas de fuego “en casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
Contrario a eso, los uniformados deberán priorizar “medios disuasivos”, advirtiendo la prohibición de “medidas extremas para proteger bienes que no sean superiores a la vida o integridad física”.
Para un real cumplimiento de las nuevas formas de atender situaciones violentas, los policías estarán en “formación permanente en DD. HH., supervisión y rendición de cuentas para garantizar un uso adecuado de la fuerza”.
El nuevo decreto ha provocado múltiples reacciones; muchas advierten que con este se está limitando el actuar de la policía y su defensa.
“El decreto de uso de la fuerza policial que firmó el Gobierno Nacional está cruzando la línea de la defensa de la vida a la permisividad total; la Fuerza Pública quedará con las manos atadas para proteger los bienes públicos y privados. Los violentos cada vez ganan más ventaja”, escribió en sus redes sociales el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.
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