Inicia un nuevo año y con él llegan nuevos retos a las entidades públicas y cambios en las leyes para todos los colombianos, que podrían afectar de alguna manera. Son varios temas en cola que este año promete temas con opiniones en contra y a favor, que sin duda concentrarán el gran debate para este 2023

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Sin duda, el hito más importante de la Corte Constitucional en 2022 fue el tema del aborto, cuando el 21 de febrero del año pasado tomó la histórica decisión de declararlo legal y darle vía libre a que todas las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. No obstante, los colectivos feministas a favor de la decisión esperan conseguir en 2023 la nulidad del delito del aborto por completo.

Cabe recordar que las principales funciones de la Corte Constitucional son revisar las tutelas y estudiar las leyes y decretos que profieren el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Así determina qué se puede convertir en ley y que no, teniendo en cuenta que se cumpla el respeto a la Constitución y la no violación de los derechos humanos o fundamentales de las personas.

La Reforma Tributaria, los cambios en la Procuraduría General, la ley de Paz Total, el Acuerdo de Escazú y la crisis carcelaria hacen parte de los temas que arrancarán sus definiciones después del próximo 10 de enero, cuando termine la vacancia judicial.

Reforma a la Procuraduría 

En manos de la Corte Constitucional se encuentra la reforma a la Procuraduría que adelantó el Congreso de la República en 2021, que le permite a la entidad continuar sancionando a los funcionarios elegidos por voto popular.

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Según consta en los documentos presentados, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, propuso aumentar a dos etapas (instrucción o investigación y juzgamiento), el proceso de análisis para suspender o no a funcionarios de elección popular investigados por delitos graves.

La jefe del ente de control ha argumentado que esta reforma tiene su génesis en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor del hoy presidente Gustavo Petro cuando fungió como Alcalde de Bogotá.

Sin embargo, la demanda presentada ante el alto tribunal argumenta que esta no cumple con la sentencia de la Corte CIDH, pues los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser retirados por autoridades administrativas sino por un juez penal.

El entonces procurador Alejandro Ordóñez sancionó con destitución de su puesto a Petro por un problema de basuras en la ciudad, a lo cual el dirigente de izquierda llevó su caso a instancias internacionales, siendo la CIDH la que ordenó a la Procuraduría no destituir a funcionarios de elección popular.

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Aunque al gobierno de Duque le sonaba la idea, y hasta envió un concepto positivo al tema, en la llegada del gobierno de Petro (afectado por un proceso anterior), este ha dejado clara su oposición de quitarle las facultades al ente de control para que los funcionarios elegidos por voto popular no puedan ser retirados por autoridades administrativas sino por un juez.

Mientras que la procuradora Cabello se sostiene en su posición que, de quitarle facultades sancionatorias, aumentaría la corrupción y la falta de control de las funciones de los empleados públicos en acciones irregulares; la bancada del gobierno asegura que se debe cumplir la sentencia de la Corte Internacional sobre las facultades que no debe tener la Procuraduría.

Conceptos a favor y en contra se vienen lanzando desde el año pasado, pero ahora la Corte tendrá en 2023 la última palabra sobre el futuro del ente de control.

Reforma Tributaria 

Otro tema álgido tiene que ver con la Reforma Tributaria, que tantas protestas generó en el gobierno de Iván Duque y que no ha dejado de levantar espina en el gobierno de Gustavo Petro; pues el Congreso de la República sí le aprobó el proyecto al actual mandatario, con la intención de recoger cerca de 20 billones de pesos en su primer año (2023) y llegar a los 50 billones en 2026.

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No obstante, ya se ha anunciado que algunos artículos, o incluso el texto completo, serán demandados en la Corte Constitucional por impuestos declarados a algunos alimentos, como la anunciada por el senador Miguel Uribe, quien aseguró que esta reforma aumentaría el desempleo, la pobreza y la inflación. Además, expresó que varios de sus artículos son inconstitucionales.

Aunque aún es muy temprano saber si estas demandas tendrán éxito o no, sin duda darán de que hablar en 2023.

Acuerdo de Escazú 

La ley conocida como acuerdo de Escazú ya fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Gustavo Petro, pero aún se encuentra en revisión por la Corte, para determinar si están acordes a la Constitución o si tienen que condicionar algún artículo.

Esta ley tiene como finalidad ser una herramienta jurídica para proteger el medioambiente en América Latina y El Caribe, con mayores políticas ambientales, acompañamiento de defensores ambientales, entre otros.

La Corte ya solicitó pruebas como el tratado aprobado, las ponencias, actas de votaciones y hasta los conceptos a Presidencia, Cancillería, ministerios de Interior, Justicia, Ambiente, Agricultura, y Minas y Energía, así como la ANLA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Ley de Paz Total 

A finales del año 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la que es considerada la ley más importante de este gobierno: la conocida ley de Paz Total

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“Esta es una gran noticia para el país y para todos los colombianos que anhelamos que nuestros hijos y nietos crezcan en un país libre de guerra, en donde prevalezca el diálogo por encima de cualquier forma de violencia”, manifestó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

En este documento se ponen en firme las bases para adelantar diálogos de paz con grupos armados ilegales que deseen acogerse a la ley, gestar regiones de paz con comisionados en sitios específicos de Colombia, entre otros. No obstante, esta no ha estado exenta de polémica, debido a un artículo que faculta al presidente para que nombres gestores de paz a integrantes de organizaciones sociales que están privados de la libertad.  

Según varios constitucionalistas consultados, esta es una intromisión al principio de separación de poderes del Estado, donde el presidente, como cabeza del ejecutivo, está impartiendo órdenes al legislativo, representado por los jueces. Incluso, la misma Procuraduría ha expresado que los jueces no tienen la facultad de ordenar las libertades de integrantes de primera línea.

En lo que respecta a la Corte, COLPRENSA conoció que varias demandas ya se encuentran en curso alegando un artículo y hasta todo el texto completo de la reforma, por presunta inconstitucionalidad de las acciones realizadas por el Presidente. Será la alta Corte la que determine su viabilidad.

Crisis en el sistema penitenciario 

Para el 21 de noviembre del 2022, la Corte Constitucional citó a sesión técnica a distintas entidades del nivel nacional y territorial, al Congreso, a órganos de control, representantes de la rama judicial y al público en general, para evaluar avances o retrocesos en la superación de la crisis en el sistema carcelario y penitenciario.

Durante más de siete de horas de sesión, se discutió con las distintas entidades bajo el eje de tres temáticas: los avances para superar el Estado Inconstitucional, el cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022, que ordena la protección de la población carcelaria en temas como alimentación adecuada, separación entre hombres y mujeres, ventilación, acceso a luz solar, separación de los menores de edad y provisión de servicio de baños; y, finalmente, las alternativas de seguimiento a estas decisiones.

No obstante, luego de esta sesión técnica y debido al hacinamiento que se presenta en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y centros carcelarios, continuaron sucediendo varios eventos graves, como la muerte del presunto abusador de la menor Hilary Castro, tras una golpiza de los internos; fugas, motines y hasta internos realizando torturas y extorsión.

El ministro de justicia, Néstor Osuna, aseguró, en dialogo con COLPRENSA, que este año se presentarán proyectos al Congreso de la República para mejorar la crisis carcelaria en el país.

Entre estos estaría el de mayores ingresos a los departamentos, con la finalidad de construir nuevas cárceles, y otro para la reducción de penas de los presos mediante acciones de resocialización como estudios, trabajo o reparación a la víctima afectada por el delito. 
 

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