El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmó que este viernes se decretó un embargo por más de 70.000 millones sobre las cuantas bancarias, inmuebles y vehículos al contratista Unión Temporal Centros Poblados.

Así lo confirmó la ministra Karen Abudinen, que a través de sus redes sociales, resaltó que la medida se tomó “procediendo con las facultades de ley”, y recordó que el pasado 13 de agosto se declaró la caducidad al contrato, el cual buscaba llevar internet gratuito a colegios de zonas rurales del país.

La cartera aseguró el pasado viernes que el contratista incumplió la condiciones, por lo que la declaración de la caducidad se configura como una decisión definitiva y sin lugar a apelaciones.

Adriana Vivas Robles, delegada del Mintic, argumentó la decisión recordando que la empresa presentó documentos falsos, lo que les permitió tener el anticipo de los 70.000 millones de pesos.

Así mismo, la delegada aseguró que “no se evidencia violación del debido proceso y no da lugar a revocar la decisión”, luego de que el contratista asegurara que la caducidad era ilegal y que le habían violado el derecho al debido proceso.

Según el Mintic, Centros Poblados incumplió obligaciones que afectan la ejecución del contrato y pueden conllevar a su paralización.

“Hay ausencia de un garante, es decir, los documentos que soportan el contrato son inexistentes. Por lo que procede la caducidad. El Banco Itaú desconoce haber expedido las garantías y el contratista nunca allegó prueba ni siquiera sumaria contradiciendo lo dicho por el banco. Se incumple entonces la obligación de aportar garantía”, concluyó el Ministerio.

Mintic aseguró que ante la ausencia de la garantía bancaria del contrato, no se cumple un requisito de ejecución y por tanto el contrato es inejecutable de acuerdo con la ley.

"Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la Unión Temporal vigentes con el Estado", afirmó la ministra Abudinen.

Frente a la decisión, Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal, dijo que solo se tuvo en cuenta la versión del banco Itaú y que funcionarios de la entidad bancaria sí participaron en la expedición de las garantías, por lo que anunció la interposición de recursos.

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La empresa, en un comunicado, señala que los costos administrativos del proyecto se encuentran por fuera del anticipo, aseguran que, “hoy hay más de 1.000 puntos digitales activos y prestando servicio ubicados en escuelas y comunidades, los cuales se encuentran en proceso de recibo y aprobación por parte de la interventoría".

Sobre el anticipo la Unión Temporal Centros Poblados hizo referencia a cómo ha invertido el dinero y aseguraron que el dinero no está perdido y que ha sido destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato como son entre otros, equipos de telecomunicaciones (puntos de acceso wifi interiores y exteriores, enrutadores), equipos eléctricos (rectificadores, Inversores, baterías, breakers), equipos de energía solar (paneles solares, cargadores, baterías) e infraestructura (Postes, estructuras metálicas).

Finalmente la empresa asegura que sería un error que se decretara la caducidad del contrato, porque incorporaría al Estado en acciones legales costosas y perjudiciales para las finanzas públicas.

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