El movimiento Pacto Por Una Mejor Salud, que agrupa a más de 40 organizaciones de la salud, gremios de pacientes y exministros, advirtió sobre los riesgos que traería la implementación de la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS intervenidas por el Gobierno.
Pacto Por Una Mejor Salud recordó que, aunque las EPS a atraviesen un momento de dificultad, sus funciones en la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son esenciales para el funcionamiento del sistema.
En ese sentido, el movimiento argumentó que eliminar de forma abrupta a estos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría una vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir.
“No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país”, indicó el movimiento Pacto Por Una Mejor Salud.
La organización alertó que una liquidación de las EPS intervenidas tendría impactos directos sobre los pacientes, especialmente en aquellos con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o que requieren de tratamientos continuos.
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Además, también podría verse afectada la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica, con efectos previsibles en morbimortalidad y en saturación de los servicios de urgencias.
En cuanto a los efectos financieros la organización aseguró que serían severos, pues aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) seguirán fluyendo, la disminución o ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos.
Por estos motivos el movimiento reiteró que la crisis que hoy atraviesa el sistema no se resuelve con liquidaciones improvisadas, por el contrario, subrayó la importancia de corregir la desfinanciación, garantizar el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional y garantizar transiciones técnicas.
“El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico. La salida a la crisis requiere diálogo, rigurosidad y responsabilidad institucional; no es con atajos que profundicen la incertidumbre y el sufrimiento de la población y los trabajadores”, concluyó el movimiento Pacto Por Una Mejor Salud.
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