El Gobierno Nacional tiene una deuda histórica relacionada con la tierra y, en especial, en la creación de una reforma agraria que permita la distribución equitativa y devuelva a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo, los terrenos que perdieron en medio del conflicto armado.

En el acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno y las Farc se planteó en el primer punto, la creación de una Reforma Rural Integral (RRI), como una oportunidad para superar esas barreras.

No obstante, a puertas de cumplir cinco años desde la implementación del documento final, son muchos los retrasos en esta materia, los que advierten expertos en este momento al Gobierno Nacional.

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Esta semana, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría emitieron informes en relación a los avances en la implementación del acuerdo y ambas entidades evidencian los grandes retos que tiene el país para cumplir con lo prometido en La Habana.

Avance de los PDET

Los entes de control coinciden en enfatizar en que se ha avanzado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ya que se han emitido siete de las 16 hojas de ruta únicas para la implementación de los mencionados programas.

En su informe, la Procuraduría destaca la inversión hasta la fecha de 1,4 billones de pesos para cumplir a quienes se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la implementación de proyectos productivos sostenibles en el marco de la reparación a las víctimas y la creación de programas alternativos.

Además, la implementación de los planes regionales de desarrollo rural integral, que en la construcción, avizoran resultados regionales de enorme trascendencia para el país.

De acuerdo con la información analizada del Presupuesto General de la Nación (PGN), entre los años 2020 y 2021, se observa un incremento del 12%, pasando de 3,6 billones a 4,0 billones de pesos en la inversión.

No obstante, también se evidenció que hay 7.000 iniciativas PDET con ruta de implementación activada, que no cuentan con criterios para definir su cumplimiento. Así mismo, que no se cuenta con un sistema de información público para conocer los avances y los montos invertidos en cada iniciativa.

“La Procuraduría reconoce como elemento positivo la existencia de informes de seguimiento al PDET e informes sobre las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios. Sin embargo, aún no hay un sistema de información que dé cuenta de los avances en su implementación de manera integral y que brinde información sobre el estado actual de las iniciativas de los PATR. En los documentos de la Hoja de Ruta y en información remitida por la Agencia de Renovación del Territorio”, señala la entidad en su informe.

Entrega tardía

En los estudios se encontró que un 29% de 7 millones de hectáreas contempladas en el acuerdo de paz, han sido formalizadas, pero solo el 0,3% de tres millones de hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos han sido entregadas.

En el Acuerdo de Paz se acordó la consolidación de un Fondo de Tierras que dispondrá de tres millones de hectáreas de tierra, formalización de siete millones de hectáreas de tierra, creación de un subsidio integral de acceso a la tierra y líneas especiales de crédito para facilitar su compra, pero esta cifra muestra que no se ha avanzado en este punto.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo concluyó que la Hoja de Ruta Única avanza con un modelo técnicamente robusto en hacer una priorización estratégica de las iniciativas en términos de la proyección de escenarios meta y la identificación de potencialidades del territorio; no obstante, asegura que persiste la dificultad de ajustar la oferta a las necesidades identificadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional.

En adición a la falta de acceso a la tierra, las entidades plantean que para la producción agrícola y agropecuaria, existe otra dificultad relacionada con la elevada informalidad en los títulos de propiedad rural. “La inseguridad en los derechos de propiedad y la falta de información sobre la tenencia de las tierras, explican en parte el bajo uso productivo de la tierra en Colombia”, se lee en los informes.

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Predios con restricciones

La Procuraduría también destaca que el mecanismo de acceso a tierras supone que estas deberán estar disponibles, libres de ocupación o posesión, saneadas jurídicamente y bajo la administración y titularidad de la Agencia Nacional de Tierras para ser objeto de procesos de adjudicación a familias campesinas sin tierras y comunidades étnicas. Sin embargo, han ingresado predios que presentan restricciones, ocupaciones previas e irregulares, bienes que son objeto de procesos de formalización o regularización de ocupaciones previas, y otros que hacen parte de procesos de formalización a Entidades de Derecho Público.

“Si bien el alcance de los resultados en materia de acceso a tierras través de la entrega de los bienes que ingresan a este fondo es nacional, existe una baja distribución geográfica del inventario de los bienes ingresados a la fecha, puesto que el 71% del área ingresada, medida en Ha, se concentra en solo 15 municipios del país”, destaca la Procuraduría.

En sus recomendaciones, las entidades le piden a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reportar de manera diferenciada la gestión de adjudicación y formalización de tierras, pues a marzo 31 de 2021, el dato agregado corresponde a 2.074.250,6 ha.

Otro de los hallazgos es que, a marzo 2021, el 71 % del total del área ingresada al Fondo estaba pendiente de determinar la existencia de ocupaciones.

Otra de las observaciones a la Agencia Nacional de Tierras, es “formular e implementar un plan para la recuperación de los baldíos indebidamente apropiados y ocupados, priorizando los predios de grandes acumulaciones indebidas, con análisis de costo-beneficio, dada la baja tasa de tierras disponibles para la redistribución del Fondo de Tierras”, se lee en el informe de la Procuraduría.

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