El presidente Gustavo Petro le subió al tono confrontacional y de nuevo se refirió al hundimiento de su reforma a la salud. Al insistir en la tesis de que varios de los senadores de la Comisión Séptima que votaron el archivo del proyecto estaban supuestamente inhabilitados, el jefe de Estado alertó por una “violación flagrante de la Constitución y la ley”.
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Sin reconocer que fue la falta de concertación y diálogo lo que condenó al proyecto al archivo, el mandatario se limitó a decir que detrás de la determinación de la Comisión –que con nueve de 14 votos hundió la reforma– hubo irregularidades y que los senadores estaban supuestamente inhabilitados. Incluso, al admitir la derrota a medias, Petro llegó a hablar de “pérdida de la soberanía nacional”.
El mandatario recogió los planteamientos del senador oficialista Wilson Arias (Pacto Histórico), quien denunció que los partidos de varios de esos congresistas –entre ellos, Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), La U, Liberal y Conservador–, “recibieron $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS en año electoral”, en referencia a la campaña de 2022.
La tesis es que, por tratarse de Keralty, un conglomerado extranjero con participación accionaria en grupos como Sanitas, los senadores estaban impedidos para votar la reforma. “Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS”, argumentó Arias.
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En esa línea, Petro reconoció que en la Comisión Séptima “nos derrotó Keralty por ahora”. Sin embargo, aseguró que “recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos”, una situación que prohíbe la Constitución y la ley.
Por ello, aseguró que “es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica, no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.
En esa línea, Petro reconoció que en la Comisión Séptima “nos derrotó Keralty por ahora”. Sin embargo, aseguró que “recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos”, una situación que prohíbe la Constitución y la ley.
Por ello, aseguró que “es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica, no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.
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Keralty no es una persona jurídica extranjera, pues está matriculada en Colombia y tiene número de identificación tributaria (NIT), así que no habría irregularidad como lo sugiere Wilson Arias. Y aunque en ese grupo de empresas propiedad de Keralty está la EPS Sanitas, lo cierto es que la aseguradora es una firma aparte, con junta directiva y cabezas distintas (empezando por el presidente Juan Pablo Rueda).
Respecto a lo último, la Ley 1474 del 2011 prohíbe que las EPS financien campañas electorales; no obstante, la EPS Sanitas no hizo aportes a las campañas de estos partidos, sino Keralty. Por lo tanto, tampoco habría irregularidad al respecto.
De hecho, según explica el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, la Ley 100 (una de las que rige el sistema de salud) establece que las EPS deben tener “un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera”. Por esa razón, manejan recursos propios y son harina de otro costal respecto de las finanzas y dinero que maneja Keralty S.A.S.
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