Las irregularidades denunciadas por los falsos vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) están en la mira de la Procuraduría General que ya abrió una indagación por el nuevo escándalo.

A través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, el proceso buscará determinar si se trata de un caso de corrupción por lo que se recopilará la documentación necesaria contra los servidores públicos de la UNP que puedan estar relacionados.

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Por lo tanto, el ente de control ordenó una inspección disciplinaria en las oficinas de la UNP para recolectar los procesos e individualizar a los presunto autores que entregaban estos carros a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En ese sentido, y de acuerdo con el auto de apertura, la Procuraduría solicitó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, un informe detallado con los registros de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos irregulares que fueron expuestos en el debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República.

Recientemente, la UNP ya enfrentaba un proceso porque en uno de sus vehículos se hallaron 150 kilos de cocaína. El carro correspondía al esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, quién fue subdirector de protección de la UNP.

Por ese hecho, un juez envió a prisión al conductor identificado como Manuel Castañeda. “En audiencia está mañana un juez de garantías decretó la legalidad de la captura y la Fiscalía le imputó cargos y se le impuso medida de aseguramiento. Las autoridades han asegurado su traslado. El imputado se encuentra fuertemente custodiado”, publicó la UNP a través de Twitter.

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