La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) para verificar posibles irregularidades en el uso que se le dio a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos (PM) que fueron girados por la Administradora de Recursos de Salud (Adres) durante la vigencia 2020.
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Según explicó la entidad, inició esta actuación disciplinaria luego de recibir traslado de un informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020 publicado por la Contraloría General de la República.
En ese sentido, la delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros que se deben destinar para los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC —conocidos como Presupuestos Máximos— y a la UPC girados por la ADRES en ese año.
Por otro lado, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.
La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Cabe recordar que el mencionado informe de la Contraloría fue dado a conocer a principios de agosto y expuso hallazgos fiscales por $6 billones en 24 aseguradoras por “presunta indebida destinación” de los recursos de la UPC en 2020 y por $5,3 billones cuya incidencia fiscal fue objeto de indagación preliminar.
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Según el ente de control fiscal, a partir de la información y estados financieros de las aseguradoras, “se identificaron excedentes operacionales por valor de $6,81 billones para el año 2020, $3,68 billones para el año 2021 y $1,08 billones para la vigencia 2022”.
Los resultados que destacó la Contraloría giraron en torno a 61 hallazgos con incidencia administrativa; 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal; 37 hallazgos con presunta incidencia penal y con presunta incidencia disciplinaria; 24 hallazgos para la apertura de Indagaciones Preliminares, por cuantía de $5,3 billones; 37 hallazgos con otras incidencias a las que le dieron traslado a la Superintendencia de Salud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación y a la Procuraduría.
Entre las EPS señaladas en el informe se encuentran Capital Salud, Salud Servicio Occidental de Salud, Famisanar, Nueva EPS, Sura, Sanitas, Aliansalud, Asmet Salud, Emssanar, Capresoca, entre otras.
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