A solo un debate de convertirse en ley, el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia enfrenta un desafío crucial: su implementación en algunas comunidades indígenas, en donde estas prácticas están profundamente arraigadas.

Después de más de 130 años desde la promulgación del Código Civil, el país está cerca de revertir esta práctica que hoy en día es reconocida como una violación a los derechos humanos de los niños y niñas.

Mientras expertos analizan las dificultades que esto podría implicar, la aprobación del proyecto de ley "Son niñas no esposas" ha sido vista como un avance significativo en la protección de los derechos de los menores, pero también plantea interrogantes sobre cómo enfrentar las resistencias culturales que podrían surgir.

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La iniciativa, promovida por las representantes a la Cámara Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, y defendida en el Senado por Clara López, propone eliminar el matrimonio y las uniones tempranas en las que uno o ambos contrayentes sean menores de edad, una realidad permitida actualmente para jóvenes desde los 14 años con el consentimiento de los padres.

Alexandra Correa Solarte, periodista internacional y defensora de los derechos de la infancia, subrayó la importancia de este avance legal y señaló que la ley podría enfrentar obstáculos en comunidades donde el matrimonio infantil está culturalmente normalizado.

"Las niñas no nacimos para parir niños, nacimos libres para elegir nuestro futuro, no para que adultos lo elijan por nosotras", afirmó Correa Solarte, quien explicó que “a los 14 años nadie está pensando en casarse o está preparado para dar un paso tan importante y decisivo en la vida”.

En ese sentido, Correa Solarte cuestionó la discrepancia existente en la legislación actual: “Por eso en Colombia solo se puede votar en elecciones cuando se cumplen los 18 años, no antes. ¿Cómo es que casarse sí lo permitía el Código Civil, sabiendo que se necesita un mínimo de madurez para dar ese paso?”.

Correa también subrayó la necesidad de que la ley se aplique de manera equitativa en todas las regiones del país, incluyendo aquellas con tradiciones culturales que históricamente han permitido el matrimonio infantil. "Ninguna persona nacida en Colombia, que tenga derechos y deberes en este país, puede estar por encima de la Constitución y esto incluye a las comunidades indígenas".

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“Infortunadamente, vemos que muchas prácticas culturales étnicas van en contravía de los derechos humanos. Mientras las civilizaciones avanzan en materia de derechos, las minorías étnicas se quedan rezagadas en prácticas históricas", explicó la comunicadora, mencionando la ablación genital femenina y el matrimonio infantil como ejemplos de tradiciones que deben ser confrontadas.

Desafíos en las comunidades indígenas

La implementación de esta ley en comunidades indígenas plantea desafíos únicos. Muchas de estas comunidades tienen prácticas culturales profundamente arraigadas que incluyen el matrimonio infantil, y la autonomía que les otorga la Constitución puede complicar la aplicación de la nueva legislación.

"El caso indígena es más complejo, porque muchas de las uniones tempranas y matrimonios infantiles no están legalizados, ni las partes acuden a una notaría donde se hacen los trámites de legalización," explicó Correa. Este desafío resalta la necesidad de una estrategia que no solo modifique la ley, sino que también promueva un cambio cultural y social dentro de estas comunidades.

Correa insistió en que la educación y la concientización son esenciales para la implementación de la ley. "Quien no conoce sus derechos, no los puede defender," afirmó, subrayando la importancia de que el Estado y las instituciones se encarguen de socializar las nuevas normativas y de educar tanto a la sociedad como a los funcionarios públicos sobre las leyes que protegen a las poblaciones más vulnerables.

Para Correa, la pedagogía es la clave para lograr un cambio real. "Debe haber una conciencia cultural y social hacia el derecho de los menores de edad a decidir con 18 años sus proyectos de vida," agregó, destacando que sin un enfoque educativo, la ley podría quedarse en el papel sin tener un impacto real en las comunidades más afectadas.

El rol de los medios y las campañas de concientización

En la lucha contra el matrimonio infantil, los medios de comunicación y las campañas de concienciación juegan un papel crucial. Correa enfatizó que los periodistas tienen un poder de influencia significativo en la sociedad y pueden presionar para que se implementen políticas públicas que defiendan a la infancia.

"Podemos defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la develación de cifras y datos disponibles en Medicina Legal y otras fuentes que nos permitan mostrarle a la sociedad y a quienes diseñan las Leyes, que miles de menores de edad sufren violencia sexual, maltrato intrafamiliar y suicidio desde muy temprana edad en Colombia," explicó la periodista de Deutsche Welle (DW).

Asimismo, destacó que, al visibilizar estos problemas, los medios pueden contribuir a crear una conciencia social que apoye la eliminación del matrimonio infantil. Según ella, la lucha civil y mediática ha sido clave para lograr que este proyecto de ley llegue tan lejos en el Congreso.

En ese contexto, Correa hizo un llamado a los legisladores y autoridades para que aseguren que la ley contra el matrimonio infantil se adapte a las realidades culturales y sociales de las diversas comunidades en Colombia.

Recomendó que se lleve a cabo un proceso de educación y concientización en todo el país, incluyendo las comunidades indígenas, para garantizar que la ley sea entendida y respetada. "Todo cambio viene con educación, sin ella, ¿cómo lograríamos las transformaciones culturales?”, señaló.

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Además, subrayó la importancia de que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos colaboren con el gobierno para asegurar que esta ley se cumpla y tenga un impacto real. "Debemos brindar a los menores de edad desde la casa, las instituciones y el Estado, herramientas para conocer y ejercer sus derechos," concluyó.

El avance de este proyecto de ley es un hito en la lucha por los derechos de la infancia en Colombia, pero su implementación requerirá un esfuerzo concertado por parte del Estado, las comunidades y la sociedad civil.

La eliminación del matrimonio infantil en el país no solo depende de la aprobación de la ley, sino también de la capacidad de la sociedad colombiana para superar las barreras culturales y proteger a sus menores de edad, permitiéndoles crecer en un ambiente libre de violencia y con oportunidades para desarrollar plenamente sus proyectos de vida.

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