Denuncias sobre el mal estado de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de líderes sociales amenazados, o demoras en su entrega, llevaron a la Procuraduría a solicitar a Unidad Nacional de Protección (UNP) un informe detallado sobre el estado en que estos se encuentran.

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Entre los requerimientos plasmados en la comunicación enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, están las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso y el costo promedio anual.

Además de los nombres de las empresas privadas subcontratadas para el suministro de vehículos y la identidad de sus representantes legales; el número de accidentes reportados por fallas técnicas en estos carros; las solicitudes de cambio de vehículo registradas, atendidas, rechazadas, y el tiempo que se tardan los reemplazos y las reparaciones de estos, entre otros datos relevantes.

Toda esta información debe ser entregada en un plazo no mayor a 10 días.

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