La demora en el desembolso de subsidios para las tarifas de energía ya tuvo su primera consecuencia con el apagón de la semana pasada en Puerto Carreño. Pero ahora advierten que el precio del recibo que pagan los usuarios podría aumentar de manera importante si el Gobierno no garantiza el pago a las empresas comercializadoras de energía.

Así lo manifestaron en un comunicado los gremios más importantes del sector energético en Colombia: Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia).

Los gremios solicitaron de manera urgente el desembolso del pago y advirtieron que el país ya está padeciendo un apagón a raíz de problemas financieros en las empresas comercializadoras de energía a falta de los recursos del Estado. Esto, en tanto han garantizado el descuento a los estratos más bajos, pero no han contado con la retribución del dinero.

En el documento hablan de una “crisis financiera sistémica previsible que afecta el suministro de los servicios de energía eléctrica y de gas natural para la totalidad de los ciudadanos, en especial para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”, quienes son los beneficiarios de esos auxilios.

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Como se mencionó, el detonante fue el corte de energía en Puerto Carreño (Vichada) el pasado 2 de enero, que afectó a 40.000 personas. La empresa encargada, Electro Vichada, explicó que el Gobierno debía más de $6.100 millones en subsidios, por lo que no pudo garantizar más el servicio.

Afortunadamente, la situación se solucionó en la tarde del 3 de enero y los habitantes no tuvieron que pasar otra noche sin luz. El propio ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que se superó la contingencia y el Gobierno logró un acuerdo con la generadora de energía Refoenergy (que proporciona la luz a Electro Vichada) y con Terpel, que brinda el diésel para el funcionamiento de las plantas.

Tarifas subirían hasta 150%

Parte de la preocupación de los conocedores de ese mercado obedece a que las empresas entren en una insostenibilidad por el incumplimiento del Ejecutivo y se vean en la obligación de desmontar el subsidio. En ese caso, los gremios aseguran que habría una escalada en los recibos de la energía que, en el peor de los casos, implicaría un alza del 150% sin las ayudas. Un gran golpe para el bolsillo de los más vulnerables.

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Y es que el pago pendiente es considerablemente elevado. De hecho, las empresas desembolsaron $2,7 billones –a corte de diciembre del año pasado– para cubrir los auxilios de tarifas de la energía eléctrica el año pasado. Monto por el cual no ha respondido el Gobierno. Además, para el caso de los recibos de gas natural son $628.000 millones pendientes.

La incertidumbre ha traído más consecuencias. Los gremios manifestaron que la falta de liquidez genera mayor exposición de las empresas generadoras a comprar la energía en bolsa y, por ende, se ven sujetas a mayores volatilidades que pueden acarrear alzas en las tarifas para los ciudadanos.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que el pago de dichos auxilios “no es un favor del Gobierno, sino una obligación”. El líder gremial se refirió a que la aplicación de estos subsidios por parte de las empresas del sector está respaldada por las obligaciones del Estado y establecidas en la Constitución Política: en las leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996, y los Decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. Esas normas incluyen las bases de los subsidios y su financiamiento.

Subsidios están desfinanciados

De acuerdo con declaraciones brindadas por conocedores del mercado a El Colombiano, la preocupación es que la situación podría empeorar, algo que también han advertido la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Los gremios aseguran, por ejemplo, que en el Presupuesto General de la Nación (PGN) no se cubren los auxilios para 2025. 

Según estos, la versión definitiva del PGN, adoptada por decreto, dejó desfinanciados los subsidios para el año.

La situación encendió las alarmas en las empresas, ya que históricamente los gobiernos de turno cumplieron con los recursos de dichas ayudas en las tarifas. “No demoraron más de un trimestre en apropiar esos recursos, teniendo en cuenta que las liquidaciones de estos montos son trimestrales y que el último trimestre de cada año se pagaba en la vigencia siguiente”, expresaron los gremios.

Sin embargo, explicaron que “los montos aprobados del PGN 2025 dejaron descubiertos dos trimestres para energía eléctrica y dos trimestres y medio para gas natural”, por lo que consideran que el sostenimiento de los subsidios para los más necesitados está en peligro.

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Las peticiones

El llamado de las empresas energéticas no es otra que garantizar esas ayudas. Según proyecciones de Andesco y demás gremios, los recursos pendientes en el presupuesto estatal para este año ascienden a $2,1 billones para los recibos de la luz; y a $900.000 millones para los del gas natural.

“Es fundamental emitir con celeridad los certificados de deuda de subsidios que han sido solicitados tanto por las empresas como por el Ministerio de Minas y Energía”, se indicó desde el sector productivo. Además, se pidió ajustar y anunciar al país en el corto plazo nuevos criterios de asignación para las ayudas monetarias con el fin de focalizar los recursos para menores tarifas de energía y gas.

Otra solicitud es que el presidente Petro cumpla su promesa de asumir la deuda de la opción tarifaria, que es de unos $4,5 billones. Para contexto, según el Ministerio de Minas, esa fue una deuda que dejó el gobierno de Iván Duque al congelar las tarifas en la pandemia de 2020.

Y es que hay temores de que el Gobierno desista de pagar esa deuda (opción tarifaria) o incumplir con los auxilios por sus problemas financieros. Situación que genera más incertidumbre a raíz de que el Congreso no aprobó la Ley de Financiamiento o reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar unos $12 billones.

No obstante, otros creen que Petro sí cumplirá, puesto que sostuvo que no recortará las ayudas sociales a los más necesitados. Lo cierto es que el año arrancó con graves alertas y el temor de que la situación de Puerto Carreño se replique en otras zonas del país.

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