Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, salió este sábado en defensa de la reforma judicial y aseguró que con la nueva iniciativa se puede “judicializar mejor a quienes abusan de menores de edad” en Colombia.

Este proyecto de ley, que avanza en el Congreso, pretende reducir la condena de quienes admiten ser culpables de cometer homicidio o lesiones a niños, niñas y adolescentes, según se lee en el séptimo capítulo de la propuesta.

“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, señala el proyecto de reforma.

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Este documento explica que, con una confesión del señalado homicida, su pena podría bajar desde un 25 % dependiendo del caso. La ministra Buitrago dijo en una entrevista con Caracol Radio que estas reducciones de penas “técnicamente no son beneficios”, sino que, con la reforma, se busca que los casos “no queden en la impunidad”.

“La reflexión es a un tema de impunidad y de protección real a los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos. La reforma no pretende dar beneficios, ya que están prohibidos para esta clase de delitos; es decir, no hay libertad condicional o libertad provisional. Lo único que se quiere es decirle al agresor que se le dará una rebaja mínima, pero que de todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”, agregó la ministra.

“El problema de estos casos son los delitos que se ‘denominan a puerta cerrada’; eso quiere decir que, en muchos de ellos no se cuenta con una prueba técnica, con una prueba que pueda incriminar al agresor, salvo algunos casos en donde hay pruebas como el ADN o recuperación a través de información genética”, agregó.

En esa línea, la funcionaria cuestionó que si no existen pruebas suficientes para condenar al responsable de un delito con menor de edad, “¿esa persona estaría dispuesta a confesar su crimen sabiendo que podrían condenarla?”.

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Este tema entró en debate tras lo sucedido con la pequeña Sofía Delgado Zúñiga, quien fue hallada sin vida en un cañaduzal de Valle del Cauca. El responsable de este crimen sería Brayan Snaither Campo Pillimue, de 32 años, quien confesó su participación en este hecho.

La muerte de la pequeña abrió un debate y varios cuestionamientos sobre la seguridad de los niños en Colombia, teniendo en cuenta que Brayan Campo Pillimue, el confeso asesino de esta menor, tenía antecedentes de abuso sexual y habría intentado retener a otra niña el mismo día que cometió el crimen de la menor de 12 años.

Campo secuestró a Sofía el pasado domingo 29 de septiembre cuando ella se dirigía a comprar un champú para bañar a su perrita pero, en el camino, el sujeto la llamó para que ingresara a su negocio, también de productos para mascotas y, de un momento a otro, se sintió acorralada por el hombre, quien la encerró en el local comercial.

El sujeto, de 32 años, utilizó una pala para darle un golpe contundente a Sofía, provocándole la muerte en ese instante. Luego, puso su cuerpo desmembrado en bolsas y lo llevó a un cañaduzal para incinerarlo, pero no logró hacerlo debido a las condiciones del clima.

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