El mismo día en que Norte de Santander conmemoraba 112 años de su fundación un grupo armado ilegal hizo presencia en la entrada de la Alcaldía de Tibú y difundió un mensaje por redes sociales donde decía estar garantizando la seguridad de la población.

El Ministerio de Defensa respondió a esto con un par de órdenes de rutina y exclamó a 700 kilómetros de distancia: “Es inaceptable la presencia de disidencias FARC en Tibú”. Como resultado de esto la fuerza pública presente en la región hizo un video en la entrada de la Alcaldía donde manifestaron que estaban realizando controles de seguridad en el casco urbano.

Esa misma noche la Gobernación del departamento tenía organizada una velada de abrazos, pergaminos y reconocimientos para personalidades de la región. El coctel se llevó a cabo sin contratiempos en la Quinta Teresa de Cúcuta, pero no hubo momento para pronunciarse sobre el delicado tema de Tibú, el municipio más grande del departamento.

Los hechos de Tibú lograron que la prensa nacional dirigiera la atención sobre eventos que a diario ocurren en múltiples zonas rurales del país. Hace unas semanas fue un estruendoso funeral con banderas de grupos armados, hace unos meses fueron dos hombres amarrados a un poste de luz señalados de vender drogas y el año pasado fueron dos adolescentes acusados de estar robando en un local comercial.

Estos eventos no solo reflejan la perversa desconexión del centro del país con sus regiones, sino la soledad de las zonas rurales frente a sus autoridades más inmediatas. Las palabras del alcalde de Tibú son reflejo de ese desamparo: “Desde hace tiempo estoy pidiendo la presencia de varias instituciones en nuestro municipio. He pedido a gritos herramientas para poder gobernar”.

Lo que ocurre en las zonas rurales es la consecuencia de un gobierno nacional que mira hacia otro lado y que desde la comodidad observa lo que les pasa a otros. Pero también es la consecuencia de unas autoridades regionales que se miran a sí mismas, que se premian, que se aplauden entre sí y que mutuamente se dan las gracias. Autoridades que en el momento de hablar del conflicto lo asumen como natural, como una eventualidad que no está en su lista de prioridades y como una molestia más que van a experimentar durante su mandato.

A este gobierno nacional se le han hecho justos reclamos por su fallida estrategia de seguridad y de garantía de derechos en las zonas rurales del país, pues entre sus objetivos principales no estuvo la paz de los territorios. Pero poco se escuchan las críticas a las gobernaciones y alcaldías de las regiones más golpeadas por la violencia que no han alzado la voz durante cuatro años para exigir una estrategia diferente. Todas las autoridades son responsables en diferentes grados. La diferencia es que a unos les quedan pocos días en el poder y a otros aún les resta tiempo para poner este tema en su lista de prioridades.