El 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro anunció ceses bilaterales del fuego con todos los grupos armados al margen de la ley durante seis meses. Pero esa ¡Sorpresa de Año Nuevo! nunca se concretó y por el contrario mostró que el presidente Petro y su Comisionado de Paz tenían en mente un “qué” loable con un “cómo” o estrategia con tintes románticos o quizás inexistente.
Sin embargo, se ha tratado de corregir el error y parecería ser que con el paso de los meses se ha revalorado la importancia de la estrategia de seguridad pública buscando acoplarla con la política de “paz total”. Es que en la realidad no pueden ser excluyentes sino una sola gran estrategia. La revaloración se ha visto, por ejemplo, con el cese al fuego pactado con el Eln, con la operación militar en el cañón del Micay en Cauca y la contundencia con que se corrigieron los abusos contra una comunidad de Tierralta, Córdoba. Pero aún falta avanzar más y mejor en dicho acople so pena de que la expectativa de paz en el país sufra una mayor frustración.
No es sino ver cómo la voluntad de paz de las disidencias de las Farc o “estado mayor central” (EMC) encabezadas por alias Iván Mordisco, se quedó solo en el papel firmado el 19 de septiembre con una declaración desde el municipio de Suárez, Cauca, en la que anunciaron que la mesa de diálogo entre ambas partes se instalará el próximo 8 de octubre.
Pero, en menos de 48 horas, esta disidencia ya estaba sembrando el terror tanto en la vereda de Timba en el mismo departamento como en la vereda de Potrerito del municipio de Jamundí, Valle. En otras palabras, ese EMC que supuestamente estaba dispuesto a negociar la terminación del conflicto, lo que hizo fue darle una cachetada tanto al Gobierno como a la población civil.
Ahora bien, que las acciones violentas del ELN en Arauca y Nariño durante los primeros quince días de septiembre no fueran contra miembros de la Fuerza Pública sino, según parece, dirigidas a defenderse de disidencias de las Farc, no viola el cese bilateral del fuego pactado con el Gobierno, pero evidencia que este no está cumpliendo el propósito fundamental de disminuir la violencia para aliviar la población. Los nueve muertos en Arauca a comienzos de septiembre por enfrentamientos entre el ELN y el EMC muestran, de manera evidente, que el silencio de los fusiles no puede garantizarse hoy ni siquiera con el ELN, el grupo armado con el que más avanzados están los siete diálogos o acercamientos emprendidos con igual número de organizaciones por el Gobierno.
Sin embargo, lo más preocupante es que los enfrentamientos han extendido sus daños a poblaciones civiles. En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo reportó enfrentamientos en el Valle, entre el ELN y el EMC; en el Caquetá, entre este y la Segunda Marquetalia; en La Guajira, entre las llamadas autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, y en el Chocó, entre el ELN y el Clan del Golfo.
Es claro entonces que el esperado impacto en la disminución de la violencia y la afectación de la población por el cese bilateral con el ELN está por verse pues los más recientes hechos de violencia nos ponen frente a una cruda realidad: disminuir la violencia está todavía muy lejos del alcance de los actuales diálogos y acercamientos que encabeza el Alto Comisionado para la Paz.
Por de pronto urge acotar las áreas rurales en que pueden permanecer los diferentes grupos delincuenciales, mientras se desarrollan los diálogos y se acuerdan ceses bilaterales del fuego y de hostilidades contra la población. En las otras áreas las operaciones militares y policiales deberían intensificarse.
