El pasado 6 de noviembre, comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Durante dos semanas, ministros, presidentes, delegaciones y organizaciones de más de 190 países se reunirán en Sharm el-Sheikh, Egipto, para negociar las acciones necesarias para hacer frente a los impactos que está dejando la crisis climática.

El secretario general de la ONU, António Guterres, al inaugurarla expresó que "la humanidad tiene que tomar una decisión crucial, cual es: cooperar o perecer”. Ello no encierra ninguna novedad, es algo sobre lo que se viene hablando desde hace a lo menos tres décadas, pero que nos lo recuerde la más alta autoridad multilateral de la humanidad, es relevante.

La mayor complejidad para avanzar en la adopción de medidas que mitiguen el creciente deterioro ambiental, la encontramos en el modelo de desarrollo imperante, el que para satisfacer los requerimientos de crecientes contingentes de seres humanos que se incorporan al consumo, exige al medio ambiente esfuerzos que sobrepasan su capacidad de auto regeneración. A ello, debemos agregar que, hasta ahora, la mayor fuente de generación de energía la encontramos en la explotación de recursos fósiles, altamente contaminantes.   De suerte que no es de extrañar, que habiéndose firmado el Acuerdo de París (2015), en el que la mayoría de los países del mundo se comprometían a implementar políticas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, y así evitar el aumento de la temperatura más allá de 1,5 grados C., no se haya cumplido, lo que hace prever que si en siete años más, esto es al 2030 no se produce una mitigación relevante, la humanidad estaría condenada a su extinción.

El tema central de la COP27 es el de pérdidas y daños.  Proviene de la justicia reparatoria, donde se entiende que quienes han sido los causantes principales de la crisis climática esto es los países industrializados del norte global, deben por ello, compensar a los países más vulnerables del hemisferio sur por tener que sufrir las consecuencias de un grave daño que no han causado.

Si bien hasta hace poco se hablaba de mitigación, vale decir, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura global es de tal naturaleza, que lleva a que se deban tomar medidas más drásticas, porque si ahora nosotros apagáramos todas las termoeléctricas, dejáramos todo el carbón y el petróleo bajo tierra y no se emitiera nada más, de aquí a 100 años igual tendríamos efectos porque el sistema climático demora en responder.

Aunque las conversaciones estén centradas en el financiamiento y exista una voluntad de actuar, hay otros factores que complejizan las discusiones sobre la acción climática. Por un lado, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado problemas de abastecimiento de gas natural en Europa; por otro, la inflación y la recuperación de la económica tras la pandemia que se inició en el 2020, son factores que dificultan las tratativas sobre el financiamiento de la crisis climática.

Entre los países latinoamericanos hay una división ante el tema de las pérdidas y daños, porque hay algunos como Chile y Uruguay a los que no llega este financiamiento climático, pero en cambio sí a otros como Perú, Brasil, Colombia y México.

Será difícil, además, porque entre más amplia es la base donante, también más amplias son con respecto a las responsabilidades, discusión en la que los países desarrollados no quieren entrar, porque no quieren que se les califique como responsables del cambio climático y de sus graves secuelas.  De manera que es probable que de la COP 27 no saquemos buenos resultados.

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