Seis masacres y más de treinta muertos nos dejan las últimas dos semanas. El Ministerio de Defensa responde con $220 millones en recompensas y los creadores gráficos sacuden las calles y las redes sociales con manifestaciones en contra del recrudecimiento de la violencia en Colombia. 

Pocas personas serían capaces de reconocer que el mayor llamado por la justicia lo hicieron los creadores gráficos y no la cartera ministerial. Lo anterior se debe a que desconocemos el poder que tienen el arte y la cultura en la defensa de la vida y la exigencia de justicia, reparación y sanación comunitarias. Tenemos todavía una noción muy ortodoxa y desgastada de lo que es cultura, donde el valor de la cultura se mide únicamente en su capacidad para generar empleos y su aporte al PIB, y se desconoce su potencial transformador. 

A pesar del ‘boom’ que supuestamente viviríamos con el proyecto de la Economía Naranja, los resultados no han sido los esperados, sobre todo a nivel social y comunitario. La ley aprobada en 2017 movilizó $28,9 billones en actividades del sector en 2019. Se espera que en 2021 se apalanquen recursos por $2,2 billones. Sin embargo, el debate que sigue rezagado es acerca de que no solo lo que es mercantilizable es cultura. 

Las cifras presentadas en las diferentes sesiones del Consejo de Economía Naranja se limitan a informar sobre empleos, número de personas ocupadas e impuestos. Allí no tiene ninguna relevancia la capacidad que tienen las manifestaciones culturales de resignificar un espacio (como sucedió en la Comuna 13 de Medellín gracias a las intervenciones de grafiteros, o la reconversión del Bronx en un distrito creativo en Bogotá) o reparar el tejido social vulnerado. 

Prueba de ello tiene que ver con que los beneficiarios de la economía naranja son los grandes en la industria del entretenimiento, o del sector inmobiliario (favorecido por la transformación urbanística promovida desde el arte). Los creadores, gestores de ideas y convencidos del cambio social siguen quedando relegados ante algunos ‘vivos’ que pretenden pararse bajo la sombrilla de alguna escena para enriquecerse sin importar si impactan positivamente a la sociedad o no.

Todavía lideran el sector sujetos acostumbrados a enriquecerse con la cooltura, acostumbrados a millonarios contratos con el Estado (que tampoco entiende que el valor de la cultura no reside en el producto sino en la creación), acostumbrados a ser un brazo más de algún tentáculo político y vivir en la comodidad de no proponer absolutamente nada nuevo para exigir equidad social, despertar consciencias o luchar contra la impunidad. Se han dedicado a reciclar sus contenidos y puestas en escena sin una apuesta transformadora.

Debemos recordar que el valor de la cultura no sólo lo da el Gobierno, lo pueden (y deben) definir la sociedad, los niños, los jóvenes, los adultos mayores.  Todos estamos llamados a encontrar un nuevo sentido de cultura, de arte, que no sólo entretenga o adorne un escenario, sino que pueda revitalizar fenómenos y territorios. 

Pareciera que hasta que no venga un “genio” a cuantificar el valor de una propuesta cultural en un proceso de retorno y reubicación, o a decirnos cuánto vale la sanación de una comunidad afectada por la violencia, o cuánto vale mantener alejados a los niños, jóvenes de los grupos ilegales por medio del arte o la música, no vamos a dar a la cultura el valor que se merece. 

El reto colectivo es dar una nueva mirada a la cultura y entender su importancia en procesos comunitarios como el liderazgo social, la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia y la defensa de la vida.