Tal como se esperaba, el anuncio de la libertad de Jesús Santrich, por parte de la JEP, provocó reacciones encontradas. Para empezar, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez presentó su carta de renuncia antes que obedecer la orden y seguidamente la vicefiscal, María Paulina Rivera, hizo lo mismo. 

El jueves la sorpresa la dio la ministra de Justicia, Gloria María Botero, al anunciar su dimisión, convirtiéndose en la primera baja en el gobierno de Duque. Mientras unos salen de la cárcel otros se alejan de sus cargos. 

Este terremoto político ha traspasado fronteras, pues el anuncio del posible retiro de visas a algunos magistrados, por parte del gobierno de Estados Unidos, generó la inmediata reacción de la Corte Constitucional, anunciando que no cederá a presiones.

En el caótico escenario no podían faltar las acostumbradas acusaciones de los políticos, como las del expresidente César Gaviria contra el presidente Iván Duque, a quien tilda de cómplice con el gobierno estadounidense. En un país tan violento, todo esto solo contribuye a ahondar la crisis institucional. 

Mientras esto sucede y se anuncia un posible acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos, en el Congreso avanza la reforma que daría poderes a los congresistas para participar en el manejo del Presupuesto Nacional. Según el argumento parlamentario, esto le dará más autonomía presupuestal al legislativo y contribuirá a que haya mayor transparencia. 

A esta reforma constitucional solo le faltan 2 debates de los 8 requeridos y, de aprobarse antes del 20 de junio, entraría en vigencia este mismo año. Los recursos vendrán del rubro anual de inversión, lo que permitiría que a cada parlamentario le corresponda la administración de 30.000 millones de pesos al año.

Hasta ahora solo el gobierno es quien define que proyectos se viabilizan y cuales no. El debate sigue y aquí cualquier cosa puede suceder.