Aprendamos de nuestra historia patria. “En la primera Constitución de la República de Colombia adoptada por el Congreso de Cúcuta el 30 de agosto de 1821, el gobierno escogido fue el centralista, la decisión fue aprobada con cuarenta votos a favor y diez en contra.
Esto fue posible gracias a que Bolívar y Santander se pusieron de acuerdo y lograron unir diferentes corrientes de opinión” (Pilar Moreno de Ángel, Santander, página 394). Nacimos siendo centralistas, lo cual permitió que nuestros héroes, después de la independencia del imperio español pudieran consolidar la República de Colombia.
Por lo anterior, es correcto reivindicar el centralismo como la única manera de lograr una redistribución de toda la riqueza nacional.
Que el Estado central, con la renta y la riqueza generada en los departamentos más desarrollados industrialmente y en los departamentos que posean minería o recursos naturales de altísimo valor como petróleo y gas, o la generación eléctrica, lo distribuya en los departamentos que son de escasos recursos naturales. Esas son las bondades del centralismo.
Llamar a que “Colombia adopte un enfoque más transparente y descentralizada de su política fiscal, pues la actual estructura fiscal centralizada limita la capacidad de los municipios y regiones para gestionar sus propios recursos” (Juan Manuel Galán, La Opinión, 22 septiembre 2024), está en sintonía con otras opiniones como las del exmagistrado Wilson Ruiz y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes proponen una reforma al artículo 298 de la Constitución Política.
“El objetivo es que los impuestos de renta y patrimonio que se recojan en cada departamento no lleguen a la nación, sino que directamente sean administrados por los departamentos”. Y agregan: “Que haya una autonomía fiscal en las regiones (…) pero con una veeduría a la inversión social entre sus comunidades” (La Opinión, 15/8/24). Eso es una política incorrecta.
Esta solicitud de autonomía administrativa y financiera para los entes territoriales, no permite que los entes territoriales más atrasados y de menos recursos reciban parte de la riqueza nacional para su desarrollo.
Existen intereses particulares, tanto nacionales como internacionales, para que el país se descentralice y las entidades regionales tengan una autonomía administrativa. Por ejemplo, en el departamento del Cesar o de la Guajira no existirá la camisa de fuerza del Código de Minas y otras normas que regulan la explotación petrolera o minera y demás, y de esa manera pactarían condiciones automáticamente con las multinacionales, Éstas, desde el punto de vista de la extracción del petróleo o gas, minerales o de otros recursos, o de instalación de parques solares o eólicos que están tan de moda, llegarían a acuerdos en donde no tienen que someterse a las disposiciones nacionales de sus respectivos ministerios. Así las multinacionales harían acuerdos directamente con las regiones.
Eso es muy grave, pues significa desvertebrar el país en lo financiero y en lo económico.
Eso de las autonomías regionales tiene que ser sobre la base del reconocimiento de que hay manejos, si no son del Estado nacional se debilita la nación, pues hay casos donde el Producto Interno Bruto de las regiones no permite los derechos más elementales.
Lo correcto es que el sistema nacional de salud, educación, de justicia, y la preparación, el aprendizaje de los trabajadores que hoy se da por el SENA debe ser centralizado; de lo contrario habría departamentos que no tendrían ni para la educación, ni para la salud, ni para su justicia, ni para la policía, ni para sus obras viales. Un departamento bien pobre, como el Chocó, sin el apoyo del Estado nacional, nunca saldrá del atraso.
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