“Mi Casa Ya” es uno de los programas estatales más exitosos de la historia de Colombia. Fue diseñado por el gobierno Santos para que los colombianos pudieran empezar a ser propietarios de su casa, y empezó funcionando muy bien. Durante el Gobierno Duque se le hicieron ajustes y mejoró aún más. Colombia se convirtió en un caso de estudio internacional por la eficacia de las políticas de vivienda que permitieron que más de 200 mil familias de bajos ingresos fueran capaces de comprar su vivienda. Esto pasa cuando se construye sobre lo construido.

El programa consiste en que el Estado pone entre cuatro y cinco puntos de la tasa de interés (que logró ser más de la mitad de lo que pagaría un hogar por el interés en la compra de vivienda), y un subsidio entre 20 y 35 millones de pesos para la cuota inicial que integró el subsidio del Estado con el subsidio de las cajas de compensación familiar. Su familia podía participar si la suma de los ingresos del hogar no superaba unos 4 millones de pesos. Solo el 42% de los hogares en Colombia tiene vivienda o están en periodo de pago. El promedio de la OCDE es del 68%.

El gobierno Petro es incapaz de reconocer cualquier cosa que se haya hecho antes de él. Desechó y destruyó el programa. Las consecuencias ya son visibles y devastadoras: La venta de vivienda en los dos primeros meses del año cayó un 53,4%. Se vendieron 26.500 viviendas menos que en el 2022. De esas, 19.197 fueron viviendas no entregadas a los hogares de menos recursos -VIS-. 40 mil hogares quedaron sin recibir el subsidio de vivienda, y en espera unos 82 mil hogares más.

El programa funcionaba porque los constructores lanzaban proyectos de vivienda de interés social y había certeza de su venta: existían los ciudadanos interesados y con los subsidios era casi seguro que obtendrían el crédito, y con el subsidio de la tasa de interés, el cumplimiento era muy alto. Desde septiembre del 2022 el gobierno decidió no desembolsar más recursos, y cerca de 20 mil hogares que estaban por escriturar vivienda y que les habían prometido el subsidio, vieron aumentada su deuda haciéndola impagable.

El nuevo programa del gobierno busca que los subsidios se focalicen en zonas rurales. Aunque la idea parece loable no está soportada técnicamente. Ahora las familias tienen que inscribirse en una página del Estado esperando a que se les asigne un puntaje en una fecha determinada. Si logran ser beneficiarios pueden buscar la vivienda. Esto ocasiona que las ventas se dilaten en la espera de que las familias logren el puntaje; como consecuencia veremos, seguramente, muchos recursos sin ejecutar. Del total de la oferta de vivienda para venta, el 72% está en preventa y solo el 27% en construcción.

Improvisar de esta manera logró que la disposición para adquirir vivienda en febrero se ubicara en -48,3%, niveles solo vistos durante el principio de la pandemia en abril del 2020.

El Gobierno decidió disminuir los recursos para la financiación de vivienda. Para el 2023 se necesitan 2,2 billones de pesos y el Gobierno está destinando menos de 1,5 billones. También la posible destinación de hasta una cuarta parte de los recursos a las Organizaciones Populares de Vivienda-OPVS-. Estos procesos de autoconstrucción tienen problemas en términos de la sismo-resistencia y sobre todo, son bien conocidos, los abusos de los carteles de urbanizadores ilegales que estafan a los ciudadanos más pobres.

La destrucción del sector vivienda por parte de Petro solo empobrecerá a la población colombiana. Los desembolsos hipotecarios pasaron en el último año de 25,4 billones a 19,7 billones. Una caída del 22,2%. Lo que más me duele son los trabajadores del sector de la construcción, 1,5 millones de empleos directos, que hoy amenazan con perderse. Para febrero ya se perdieron 27 mil empleos. ¿Cuál será la suerte de los obreros y los maestros de obra?