La noticia de mayor difusión esta semana ha sido la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo autónomo e independiente que hace parte de la Organización Electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, establecido por la Constitución Política. Tiene como misión promover la sostenibilidad democrática colombiana, a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral.
Es sabido que son funciones del CNE vigilar las campañas electorales, las cuales ajustó para la campaña presidencial 2022 para la primera vuelta en $ 27.453.094.557 y para la segunda vuelta $12.840.703.931. Dentro de los delitos electorales se establece mediante la Ley 1864 de 2017 que el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en sanciones y multas correspondientes al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
El 8 de octubre de 2024 el CNE decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico. Se le endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña presidencial y por la presunta financiación prohibida, al recibir aportes de personas jurídicas. Está claro que los alcances de las investigaciones de este órgano electoral son de tipo administrativo, así lo definió el Consejo de Estado. De otro lado, el juicio de responsabilidad del presidente de la república le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso que, es el juez natural establecido por la Constitución
La inclusión del presidente Petro en el comunicado del CNE ha reforzado la teoría del golpe blando que viene expresando el gobernante reiteradamente. Este es considerado un ataque no directo ejercido por otros sectores políticos, ejecutivos o judiciales que pretendan obstaculizar iniciativas que provengan del gobierno nacional, para separarlo del cargo. Algunos incluyen en el concepto la participación de la prensa.
El presidente no tardó en pronunciarse: "Se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos” Además de convocar a una movilización popular, solicitar el apoyo de gobiernos extranjeros afines a su ideología y atacar a los magistrados de dicho consejo.
Entre las primeras conclusiones de este episodio tendríamos: el CNE si puede investigar a las campañas. Hay indicios de violación de los topes y haber recibido financiación de fuentes distintas. El presidente conserva su fuero, no hay una amenaza a su cargo, quienes deben responder son los responsables del manejo financiero de la campaña. En ese mismo sentido se escuchan voces sensatas como las de Transparencia por Colombia, en su pronunciamiento sobre el asunto dice así: Las dudas sobre las presuntas infracciones que realizó la campaña presidencial a las reglas de juego permanecen y deben ser resueltas a través de los procesos institucionales y jurídicos establecidos. Igual de importante es el respeto de todos los procedimientos legales y la garantía del debido proceso para todas las partes involucradas.
Precisamente de esto se trata el Estado de Derecho, es decir, que, ante situaciones tan complejas como esta, imperan las reglas establecidas sin que nadie esté por encima de la ley. La investigación debe seguir su curso sin presiones para que se conozca su resultado.
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