Las cifras relacionadas con el aborto en Latinoamérica son alarmantes. En 2008 se hablaba de casi cinco millones de abortos, mientras que hoy en día se tiene conocimiento sobre muchos más. Algunas organizaciones no gubernamentales apuntan a que se practicaron casi siete millones el año pasado; la Organización Mundial de la Salud sostiene que oscilan entre quince y diecinueve millones. Sin embargo, el problema no tiene la suficiente visibilidad; y no cuenta con datos certeros, por lo que se hace aún más difícil abordar este fenómeno.

Además, el debate gira en torno a dos conceptos: el derecho a la vida y el derecho a decidir por parte de la madre. Defensores de los derechos fundamentales de las mujeres y asociaciones que se hacen llamar ‘provida’ viven en constante discusión y formulan argumentos que no han resuelto los cuestionamientos sobre el aborto. Hoy en día persisten muchos mitos que desincentivan a las mujeres a tomar una decisión, y que le permiten a la incertidumbre ganar terreno. Se dice que abortar provoca desórdenes mentales, cáncer y reduce la fertilidad, pero ningún estudio ha comprobado la veracidad de estos rumores.

En América Latina, una región del mundo con tantos problemas sociales como bellezas naturales, las mujeres sufren por la desinformación y penalización del aborto. No solamente se exponen a procedimientos clandestinos y riesgosos para su salud, sino que son sometidas a la picota pública; como le sucedió a Carolina Sabino y otras miles de mujeres que son objeto de críticas, juicios y amenazas, por tomar una decisión que sólo les concierne a ellas. Es difícil imaginar la imputación de cargos a un hombre por masturbación, pero en Colombia, al igual que en otros países, a las mujeres sí se les condena por interrumpir un embarazo no deseado o peligroso para su vida.

En Colombia, la Corte Constitucional permite la realización de abortos en tres casos específicos, aunque en la realidad,  muchos de los procedimientos requeridos legalmente por las mujeres, terminan siendo objeto de escarnio público y persecución judicial. En el caso de Carolina Sabino, como en el de cientos de mujeres en otros países de Latinoamérica, se está enviando un mensaje: “Solicitar un aborto legal se puede convertir en una violación de sus derechos, de su integridad, lo cual puede llevarlas (a las mujeres) a que decidan tomar nuevamente el camino de la clandestinidad”, según Mónica Roa, una reconocida defensora de los derechos de las mujeres.

Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y México son ejemplos de países latinoamericanos en los que interrumpir un embarazo, sea cual sea la razón, se considera delito e implica condenas severas. Fácilmente podemos añadir a nuestro país en esta lista, dado que si bien una mujer accede a un protocolo de diagnóstico físico y mental que le certifica la necesidad de realizarse un aborto, los organismos del Estado pueden iniciar un juicio y negarle las garantías al sujeto de derechos.

El aborto voluntario sigue siendo un delito en América Latina, región de conflictos y contrastes, y el exceso del derecho penal puede llegar a convertirse en un instrumento perfecto para asignarles a las mujeres la obligación de parir. Aún en contra de su voluntad, de las exigencias biológicas de su propio organismo y sobre todo, en favor de evitar el escarnio público.